Andrés Escobar, concejal de Cali, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, esta vez por su participación en actividades relacionadas con la Tercera División del Ejército y por declaraciones que han generado debates acalorados en la opinión pública.
Las recientes imágenes que circulan en redes sociales muestran al concejal en la Tercera División, donde se le observa posando y aparentemente dirigiendo a soldados. Estas fotografías han desatado una serie de cuestionamientos sobre el papel del concejal en las actividades militares y si su presencia constituyó un mal uso de las imágenes institucionales.
Sin embargo, las aclaraciones del Ejército indican que durante el ejercicio en cuestión, dos oficiales y un suboficial estaban a cargo de la instrucción. Subrayan que la responsabilidad de la instrucción militar recae exclusivamente en los miembros certificados y preparados para ello, y que las actividades se llevan a cabo dentro de los protocolos establecidos.
Pero la polémica no termina ahí. Las declaraciones recientes de Escobar han agitado aún más las aguas del debate público. En un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana, el concejal propuso priorizar las “bajas” sobre las capturas en la lucha contra el crimen, argumentando que los delincuentes representan un gasto excesivo para el sistema penitenciario y que las Fuerzas Armadas deberían tener más libertad para actuar.
Estas declaraciones han generado reacciones encontradas. Por un lado, sectores de la sociedad expresan su apoyo a la necesidad de abordar con firmeza la delincuencia y la inseguridad que afectan a muchas comunidades. Por otro lado, críticos señalan que priorizar las “bajas” sobre las capturas podría conducir a violaciones de derechos humanos y a un enfoque excesivamente militarizado en la seguridad pública.
La historia de Andrés Escobar está marcada por episodios controvertidos. Recordado por su participación en incidentes durante protestas sociales en el pasado, su figura política despierta tanto adhesión como rechazo en distintos sectores de la población. Sus propuestas, si bien buscan abordar problemas urgentes, también suscitan preocupaciones sobre el respeto a los derechos y la legalidad en la aplicación de políticas de seguridad.