La directora Patricia Tobón de Unidad Para las Víctimas, que asumió su cargo hace algo más de dos meses, denunció recientemente que encontró numerosas irregularidades en el Fondo de Reparación, las cuales habrían impedido avanzar en la reparación de las personas que han sido violentadas en el marco del conflicto armado.
Según señaló la funcionaria se habrían encontrado irregularidades en el estado de 900 de los 2000 bienes que tiene el fondo para la reparación de las víctimas por lo que solicitó una auditoría fiscal a los entes de control para definir el estado de la entidad y verificar si se trata de varios hechos de corrupción
Precisamente dentro de las anomalías que fueron denunciadas por Tobón están que algo más de 40 inmuebles, entre apartamentos y fincas, han sido arrendados por absurdas cifras que oscilan entre los cuatro mil y cien mil pesos.
Tobón denunció también que “la entrega de información no ha sido ágil, se ha ocultado y dilatado información por parte de funcionarios”, y agregó: “Hemos identificado informaciones distintas en las bases de datos reportadas. A la corrupción le interesa que la información no esté en el sistema”.
Sumado a esto, la funcionaria cuestionó que entre los 31 funcionarios del fondo para la reparación hay vínculos familiares. En total, son 13 familias entre los funcionarios y por ejemplo, hay cuatro hermanos.