Por: Gloria Miranda
El día de ayer se llevó a cabo en la Corte Constitucional la Audiencia Pública de Seguimiento a la Sentencia T-236 de 2017, relacionada con la fumigación aérea con glifosato. Durante este evento, en el que confluyeron posiciones contrarias frente al tema de la fumigación, el gobierno de Iván Duque pidió una modulación de la sentencia para volver a usar este herbicida como estrategia para combatir los cultivos ilícitos. La tesis de Duque y su gabinete ministerial, según la cual el narcotráfico debía ser combatido radicalmente, por poner en riesgo la seguridad nacional, el medio ambiente y los derechos humanos, no es contraria a la de los opositores al glifosato.
Quienes defendían la fumigación aérea daban una falsa sensación de que sus opositores no tenían una connotación negativa sobre el narcotráfico, como cuando Duque aseguró no entender por qué el debate para algunos no implicaba reconocer las afectaciones del narcotráfico. Ciertamente, el presidente se equivoca. Ningún asistente a la audiencia estuvo allí para defender este fenómeno; todos reconocieron que es un problema de gran envergadura. El debate realmente se centró en si lo más conveniente es implementar una estrategia que por más de 50 años ha demostrado no ser efectiva, al menos en el largo plazo, o adoptar políticas acordes al contexto nacional y que no atenten contra la vida.
En primer lugar, Colombia ha sido un país líder en políticas de erradicación forzada, pero también lo ha sido en su fracaso; la correlación entre fumigación y reducción de producción y consumo de sustancias ilícitas no ha sido consistente. En varias partes del país, de cada 100 hectáreas erradicadas forzosamente, más del 60% han sido resembradas, incluso en la misma vereda. Es decir, la fumigación no ha sido sinónimo de erradicación definitiva, pues los cultivadores generalmente se trasladan a otra parte, muchas veces talando arboles, lo que ha convertido a la fumigación en un catalizador de deforestación e incluso de desplazamiento. Adicionalmente, donde el Estado ha hecho más esfuerzos para reducir la oferta, el consumo ha crecido de manera notable, como es el caso de Nariño y Putumayo.
En segundo lugar, según cifras del ex ministro de salud, Alejandro Gaviria, fumigar una hectárea de coca cuesta mas de 70 mil dólares, pues como la resiembra es tan alta, para erradicarla de manera definitiva hay que fumigarla aproximadamente 30 veces. Contrariamente, como lo reveló el más reciente informe de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, de las 34.767 hectáreas sustituidas manual y voluntariamente en el marco del Acuerdo de Paz, la resiembra fue solo del 0.6%.
Por otro lado, es importante mencionar que la fumigación eleva el precio de la droga y como resultado enriquece a las mafias y aumenta su poder, lo cual deja en entredicho al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien asegura que la fumigación disminuye la violencia. Más bien, sería pertinente preguntarle al presidente ¿por qué no invierte el dinero del glifosato en llevar el Estado a esos territorios, no a través de presencia militar sino de bienes y servicios?
A todo lo anterior, se suma que el gobierno defiende una práctica que tiene unos enormes costos sociales, ambientales, económicos y de salud pública. Además de la deforestación, como lo explicó la presidenta del consejo seccional de plaguicidas, Liliam Gómez, solamente el 30% del herbicida llega al cultivo; el otro 70 queda en el aire, las fuentes hídricas y el suelo. Ahora bien, aunque el gobierno asegura que no hay estudios suficientes para demostrar la correlación entre la presencia de glifosato y los problemas a la salud, las mismas comunidades que habitan los territorios fumigados aseguran que sí se han visto gravemente afectados, al igual que sus animales y cultivos agrícolas. Incluso, la OMS en un reciente estudio clasificó al glifosato como una sustancia potencialmente cancerígena.
En conclusión, si bien todos parecen estar de acuerdo con los problemas que representa el narcotráfico para Colombia, algunos proponen atacarlo de forma superficial y otros de manera estructural. La experiencia histórica ha demostrado que acabar con el narcotráfico a través del prohibicionismo es prácticamente imposible. La estrategia represiva ha resultado insuficiente para erradicar este negocio tan lucrativo, pues los narcotraficantes tienen la capacidad de reconfigurar y sofisticar sus estrategias, para adaptarse a lo que les imponga la lucha antinarcóticos. Además, mientras persista la demanda, siempre habrá un actor dispuesto a producirla y recibir grandes sumas de dinero. Por tanto, el efecto de la lucha contra las drogas sólo será un ciclo vicioso donde al desmantelar un actor o un cultivo surgirá uno nuevo que lo releve.
Para Colombia, que es el país que mas ha sufrido por la guerra contra las drogas, el modelo represivo de la fumigación debe ser reemplazado por un modelo de derechos humanos y salud publica, donde el Estado regule las drogas y le quite el monopolio a las mafias del narcotráfico. Esto no solo reduciría enormemente su poder militar y la violencia asociada, sino que las rentas derivadas de este mercado, que es empíricamente imposible de acabar, puedan ser invertidos en educación, desarrollo y, por supuesto, prevención y rehabilitación.
Está en manos del gobierno Duque decidir si implementa una estrategia fallida, para seguir con una guerra que desde que empezó esta perdida, o incursiona en caminos más efectivos y que no atentan contra las personas y la naturaleza.