El 18 de febrero del presente año la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) formuló cargos en contra del Senador Gustavo Petro por “recibir contribuciones o donaciones de fuentes de financiación prohibida” en su campaña presidencial del 2018, haciendo lo propio con Blanca Inés Durán y Dylan Fabián Fragua, gerente y auditor respectivamente de dicha campaña presidencial, y Martha Isabel Peralta, Presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Hoy varios medios de comunicación, entre ellos Revista Semana y El Tiempo publicaron una vez más esa noticia, lo cual genera extrañeza en el progresismo.
Según registra el CNE en la Resolución 0692 de 2020, la campaña presidencial de Gustavo Petro habría recibido al parecer contribuciones o donaciones de funcionarios públicos, lo cual está prohibido por ley y supone una infracción a la norma electoral.
Los donantes que presuntamente desempeñaban funciones públicas y sus aportes son: Bertha Isabel Bravo Reyes, quien donó $ 95 mil pesos en un momento en el que presuntamente era funcionaria de la Secretaría de Educación de Cartagena donde desempeñaba el cargo de docente; Sandra Mónica Salazar, quien donó $120 mil cuando presuntamente trabajaba en la Contraloría General de la Nación desde el año 2001, desempeñándose en el cargo de Profesional Universitario, y Gonzalo Pérez Buitrago, quien donó $150 mil y presuntamente laboraba como funcionario en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Juntas, las donaciones no suman más de $400 mil pesos.
En su momento, la decisión de abrir ese proceso administrativo contra el senador Gustavo Petro nació de una denuncia ciudadana que pedía revisar las cuentas de la campaña presidencial de Petro, en el año 2018, por los aportes, supuestamente, de una empresa venezolana llamada MONOMEROS S.A, con la cual no se encontró vínculo irregular alguno.
Sin embargo, el CNE se encontró con los aportes de estos profesores universitarios, que a ojos de una Sala Plena compuesta por consejeros electos en el Congreso de la República, dio los méritos suficientes para abrir el proceso contra el líder y Presidente del Movimiento Colombia Humana. El organismo electoral compulsó copias a la Corte Suprema Justicia y a la Fiscalía General para que se haga la respectiva investigación.
Seguidores y copartidarios del excandidato presidencial en redes sociales reaccionaron cuestionando al Consejo Nacional Electoral por su presunta celeridad frente a donaciones hechas por maestros universitarios y negligencia frente a la “Ñeñepolítica” o los presuntos aportes a del multimillonario venezolano Oswaldo Cisneros a la campaña de Iván Duque:
La rosca ilegítima que usurpó el gobierno ordenó investigar a la campaña de @petrogustavo y la Colombia Humana por la donación de tres profesores que juntas no suman más de $1 millón, y el CNE obedeció.
Buscan ocultar el mar de plata del narcotráfico que hizo Presidente a Duque.
— Álvaro Moisés Ninco 🌎 (@MoisesAlvaro_) July 23, 2020
Descarados. Investiguen dineros del narcotráfico en compra de votos (Ñeñepolitica) y de dinero del Venezolano Cisneros. Esos son delitos serios. No el aporte de una maestra a Gustavo Petro. Déjen de armar cortinas de humo. Payasos
— Jaguar (@CantorWerner) July 23, 2020
Como no pueden con tanto escándalo cualquier cosa puede pasar. Solo pretextos, más bien Sres del @CNE_COLOMBIA cuenten cómo van las investigaciones por varias violaciones de @IvanDuque a la Ley 1475 de 2011?
— Mary Luz Herrán Cárdenas (@maryluzherran) July 23, 2020