El pasado jueves la Fiscalía anunció con bombos y platillos, pero sin una sola muestra audiovisual, la captura de Francisco Javier Martínez Ardila, conocido en los últimos meses como ‘Pacho Malo’, quien se desempeñaba como ex coordinador del CTI de Buenaventura, pero quien al parecer tiene fuertes vínculos con diferentes actividades delictivas. Dicha detención ha desencadenado una serie de cuestionamientos y controversias en torno a las acciones de la Fiscalía General de la Nación, liderada de forma interina por Marta Mancera.
Y es que, alias Pacho Malo, según denuncias respaldadas por investigaciones periodísticas de medios alternativos, estaría involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico en el puerto del Pacífico colombiano. No obstante, los delitos que le imputa el ente investigativo se limitan en concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso abusivo a un sistema informático.
Bajo ese panorama, lo que ha llamado la atención es el contexto que rodea estas acusaciones y la relación entre Marta Mancera y los investigadores que revelaron las presuntas actividades ilícitas de ‘Pacho Malo’.
Recordemos que el caso tomó un giro significativo con la revelación de un audio obtenido por RTVC y Revista Raya, donde se escucha a Víctor Forero, un investigador clave para la Fiscalía, recibir una misión. Este audio, junto con un documento de la Fiscalía fechado el 24 de marzo de 2021, ha suscitado serias dudas sobre la actuación de Marta Mancera. El documento, firmado por los investigadores Mario Fernando Herrera Aparicio y Fabio de Jesús González, señala a Martínez Ardila como parte de una red delictiva. Sin embargo, a pesar de las denuncias, las investigaciones parecían haber sido desestimadas.
El caso se complicó aún más con las acusaciones de los investigadores Bolaños y González, quienes afirman haber sido perseguidos y trasladados a regiones lejanas luego de hacer públicas las irregularidades de ‘Pacho Malo’. Estas acciones, según ellos, fueron respaldadas por altos directivos de la Fiscalía, incluyendo a Marta Mancera. Por eso, la falta de acción contra Pacho Malo durante más de dos años, a pesar de las evidencias presentadas, ha generado un ambiente de desconfianza hacia la institución.
Fue precisamente la pasividad de Mancera ante las denuncias y su posterior decisión de investigar a los propios agentes que revelaron la red delictiva de ‘Pacho Malo’ lo que ha levantado interrogantes sobre su liderazgo y transparencia. La tensión entre la Fiscalía y otras instituciones, así como las acusaciones cruzadas entre sectores de poder, han contribuido a intensificar la incertidumbre en torno a la administración de esta instancia de la justicia.
De ahí que, la discrepancia entre las acusaciones vertidas por las investigaciones periodísticas y las acciones tomadas por la Fiscalía General, al limitar la detención de ‘Pacho Malo’ únicamente al delito de contrabando, plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de esta decisión. ¿Por qué la Fiscalía no incluyó cargos relacionados con el narcotráfico, si las investigaciones sugieren una estrecha relación entre Martínez Ardila y actividades ilícitas de mayor gravedad? Esta discrepancia genera dudas sobre la integridad del proceso judicial y sus posibles implicaciones, dejando abierta la interrogante sobre si se está persiguiendo verdaderamente la justicia o si hay intereses ocultos que guían las acciones de la Fiscalía.