El próximo noviembre culmina el período de Patricia Linares como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de acuerdo al reglamento de esa justicia, razón por la cual se han empezado a postular nombres de algunos magistrados para que ocupen el reemplazo.
De acuerdo al reglamento de la JEP, el nuevo presidente ocupará este cargo por un periodo de dos años. Uno de los nombres que suena para la sustitución es el del magistrado Eduardo Cifuentes quien actualmente se desempeña en la Sección de Apelación y, además, sostiene una estrecha relación de colegaje con la magistrada Linares.
El magistrado Cifuentes es doctor en Derecho y se caracteriza por una tener una vasta experiencia en cargos de alto rango en la administración de justicia y en la academia como: magistrado de la Corte Constitucional, conjuez del Consejo de Estado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, entre otros.
Otro nombre que suena al interior de la jurisdicción es el del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento. Este magistrado ha destacado por los adelantos que su Sala ha logrado en temas de justicia y verdad a los familiares de las víctimas y al país sobre las ejecuciones extrajudiciales como el uso de los cementerios de El Salado en los Montes de María, ubicado entre los departamentos de Sucre y Bolívar, y Las Mercedes, en el municipio de Dabeiba, Antioquia como fosa común para el ocultamiento de masacres.
También cabe mencionar al magistrado Danilo Rojas, actual presidente de la Sección de Apelación quien también ha acumulado una importante experiencia en el Consejo de Estado y en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) como promotor de Derechos Humanos.
La elección del próximo presidente estará a cargo de una junta general de los magistrados de las salas de justicia y del Tribunal para la Paz. Actualmente, al interior de la jurisdicción se considera que habrá varios postulados con buenos perfiles para ocupar esta dignidad que acarrea una alta responsabilidad política y en la administración de la justicia.