Por: Gustavo Bolívar Moreno
La guerra, el narcotráfico, el sector minero energético, la tecnología, las farmacéuticas, la especulación financiera, el entretenimiento, el inmobiliario, la trata de personas, las religiones, la ganadería y la corrupción, son varios de los negocios más lucrativos del mundo. Para pobreza y desgracia nuestra, Colombia participa solo en aquellos que producen más muertos, mayor ignorancia, menos empleo, más desigualdad y más corrupción.
El narcotráfico, en alza constante desde que nació hace cerca de 50 años, gracias a un prohibicionismo fundamentado en mentiras y estigmatismos morales, mueve al año, según la Oficina de Drogas de las Naciones Unidas, 650.000 millones de dólares al año. Si los narcotraficantes colombianos son dueños del 80% de la cocaína que se comercializa en el mundo, ya pueden imaginar la proporción de sus ganancias en esta cifra. Por eso, por su poder económico oscuro y subterráneo, el narcotráfico ha sido el negocio que más desgracias nos ha traído. Ha sido transversal a todos nuestros conflictos pues ha alimentado a todos los actores armados que nos azotan, llámense paramilitares, guerrilleros, militares o políticos. Ha servido de pretexto para enriquecer a los cabecillas de estas máquinas de guerra. No obstante la impresionante inversión en Colombia de 140 mil millones de dólares para acabarlo, 9.600 millones del plan Colombia y 131 mil millones del Estado colombiano, y la pérdida de más de 30 mil vidas humanas, siete mil de ellas militares, hoy hay más consumo y por ende más área de cultivos ilícitos, más más producción, más gente presa, más control territorial, más muertes y más ganancias. Aún así, ante semejante fracaso, tan evidente, además, fuerzas políticas gobiernistas se rasgan las vestiduras ante la propuesta de regular las drogas. Una iniciativa en este sentido, liderada por quien escribe, ya pasó un primer debate en comisión primera del senado y próximamente se debatirá y votará en plenaria con un resultado incierto, con diagnóstico reservado. Las jugosas ganancias de este negocio dependen del hundimiento de este proyecto. A mayor prohibición mayor precio y, desde luego, mayores ganancias.
El sector Mineroenergético, que al principio de esta década nos hizo creer ricos, con una producción cercana al millón de barriles de petróleo al día y un precio cercano a los 100 dólares por barril, los mercados de divisas experimentaron una fuerte revaluación del peso. El dólar llegó a costar 1.600 pesos. Con dólar barato nos resultaba más barato comprar en el exterior que producir en Colombia. Por precios bajos se sacrificaron la producción industrial y el agro nacional. Hoy, con 15 millones de hectáreas de tierras improductivas, y un campesinado arruinado y empobrecido, importamos 14 millones de toneladas de alimentos; y con dos océanos, lo que nos convierte en uno de los 21 países de La Tierra que cuentan con este privilegio, importamos 350 mil toneladas de pescado, para desgracia de nuestros pescadores artesanales, incluidos los de San Andrés y Providencia recientemente azotados por el huracán Iota. La monoexportación de hidrocarburos, aniquiló nuestra industria, acabó con el empleo y está ayudando a recalentar nuestro planeta. Sin embargo, los niveles de tributación de las multinacionales mineras es vergonzoso: 7%. Para la muestra un botón: En la Guajira, distintas multinacionales llevan 43 años explotando el carbón del Cerrejón, a razón de 25 millones de toneladas al año y ese departamento es hoy uno de los más pobres de Colombia. Miles de niños mueren por desnutrición, los municipios no tienen acueductos y las vías son verdaderas trochas. Como si fuera poco, el único río que atraviesa el territorio fue desviado para extraer de su lecho carbón y para usar el agua en la mina. Hace apenas un mes, el gobierno estuvo apunto de entregar el páramo de Santurbán a una minera de Emiratos Árabes explotadora de oro, a cambio de prácticamente nada. La minería nos deja muy pocas ganancias si se comparan con los pasivos ambientales a perpetuidad que tendremos que mitigar por siempre.
Las farmacéuticas obtienen ganancias inmorales, si se tiene en cuenta que muchas personas mueren por no tener dinero ni seguros para acceder a tratamientos. Brian Druker, director del Instituto Knight, uno de los firmantes de una carta que 100 de los más importantes oncólogos del mundo enviaron a las farmacéuticas pregunta en uno de sus apartes: “Si ganas 3.000 millones de dólares al año, solo con la droga para el cáncer, por qué no ganar 2.000 millones?” (se refiere al médico Gleeved). “¿Cuándo se cruza la línea de las ganancias excesivas?” concluye Druker quien a todas luces tiene la razón. Según un reportaje del periodistas Richard Anderson para la BBC, en solo tres meses, una droga, la de la Hepatitis C, de nombre Sovaldi, dejó ganancias a la empresa Gilead por 3.500 millones de dólares. Tanto dinero les da para convertirse en mafias. Por un lado sobornando médicos e instituciones para que formulen sus productos y del otro, pagando prestigiosos e innumerables abogados para prolongar las patentes, que por lo regular duran 20 años, antes de perder la exclusividad, caso en el cual, cuando los medicamentos se empiezan a vender como genéricos, sus precios caen hasta en un 90%.
La corrupción, es otro negocio tan o más grandes que los anteriores porque entre otras cosas, participa de todos. El lobby que hacen los representantes de estos sectores comprando congresistas por el todo el mundo es asqueroso. Es famoso el lobby que la llamada NRA “Asociación Nacional del Rifle” hace entre muchos congresistas norteamericanos, especialmente republicanos para que no se aprueben leyes que controlen la venta de armas que en Los Estados Unidos se adquieren libremente. Solo para apoyar la campaña de Donald Trump, esta asociación invirtió cerca de 30 millones de dólares. Los Congresistas que defienden con ahinco los postulados de la NRA, uno de ellos el de enfrentar a la izquierda democrática, también reciben dinero para sus campañas. El Republicano Marco Rubio, por ejemplo, ha recibido más de 3 millones de dólares para sus campañas. Colombia no es la excepción. Por lo regular nuestro Congreso está cooptado por los banqueros, los grandes empresarios o los dueños de la gran minería. Un solo punto de rebaja en cualquier impuesto, o cualquier exención o beneficio tributario impulsado y votados por sus senadores y representantes comprados, les significa ganancias billonarias. Según el exprocurador Edgardo Maya, los corruptos se roban al año 50 billones de un erario que para el año entrante será de 314 billones de pesos, es decir, aproximadamente la sexta parte.
La especulación financiera, es uno de los negocios más lucrativos en Colombia. El alto precio de la intermediación de los bancos es casi criminal. Por solo citar un ejemplo, durante los inicios de la pandemia, cuando el Banco de la República rebajó las tasas de interés al 2% anual, lo que suponía un alivio para miles de empresarios que se estaban quebrando, los bancos, en vez de bajar también sus tasas de colocación, los incrementaron en dos puntos más. Y qué decir del manejo de los recursos que el gobierno destinó para mitigar el desempleo y el hambre de los perjudicados por el coronavirus. Se demostró que en las operaciones de colocación de subsidios a los sectores menos favorecidos, los banqueros se embolsillaron varios billones de pesos con la complicidad de un gobierno, que aprovechándose de la imposibilidad del congreso para reunirse, viene gobernando con decretos hace ya 9 meses y seguirá haciéndolo por tres meses más. Según la superintendencia bancaria en 2016 el sector financiero obtuvo ganancias por 16,4 billones. En 2017 las utilidades fueron de 13,2 billones. 24, 2 billones ganaron en 2018 y 21.5 billones en 2019. Hasta agosto de 2020 ya habían obtenido ganancias por 20,2 billones lo que proyecta un año de 26 billones en utilidades. Es decir, durante los últimos cinco años el sector financiero ha ganado de 101,3 billones de pesos. Y aquí surge una pregunta similar a la que formulara el oncólogo Brian Druker a las farmacéuticas: ¿Por qué no se ganan 50, 60 o 70? ¿Por qué son tan desgraciados de acrecentar sus fortunas de manera tan desalmada y sin sonrojarse, siguen pidiendo gabelas al Congreso, al presidente de turno? ¿Nunca se llenan? ¿No tienen un límite moral? ¿Por qué son tan sinvergüenzas? ¿Cómo es que en el tercer país más desigual de la Tierra, el sector financiero que han quintuplicado sus fortunas en estos 18 años de uribismo, sigue financiando campañas y haciendo lobby en el Congreso a ver si pescan alguna gabela adicional o alguna nueva exención tributaria? Este es un capitalismo inmoral.
Ahora vamos a hablar de los presupuestos que se destinan a la guerra. En Colombia el sector defensa tendrá un presupuesto de 38,3 billones para 2021, un 12% del total del presupuesto nacional. Es decir, nuestro gasto en defensa será del 3.2% del PIB.
Para 2018, el gasto militar promedio del mundo como porcentaje del PIB fue de 2,2%. El de la Unión Europea fue de 1,4% y el gasto militar de los EE.UU se situó en 3.1% del PIB. El gasto militar de Latinoamérica fue de 1,3% y el de Colombia, atérrense, fue de 3,2%. Más alto que el de Europa, que el de los Estados Unidos, más alto que el de todos los países de la OCDE y más que el promedio mundial. Este portentoso presupuesto solo fue superado por los países de oriente medio y el norte de África, inmersos en guerras intestinas, cuyo promedio llegó al 5,5% del PIB. En 2009, penúltimo año del segundo período presidencial de Álvaro Uribe, el gasto militar alcanzó los 3,9%, el más alto de la historia.
Se creía que con la firma del Acuerdo, como sucedió en otros países que firmaron acuerdos de paz, estos presupuestos disminuirían como consecuencia de haber desarmado al grupo armado que provocaba el 59% de los atentados contra el Estado y la Población Civil. Pero no fue así. El gasto se ha mantenido y por años ha aumentado. ¿Qué pasó?. Que el Estado fue incapaz de copar los territorios dejados por las FARC y estos fueron tomados por otras guerrillas como el ELN y grupos paramilitares y de narcotraficantes. Se suma a esto que el gobierno de Iván Duque, tal como lo advirtieran en campaña varios miembros de su partido, ha hecho lo que esté a su alcance para desfinanciar el postconflicto, para volver trizas la paz.
Es infame insistir en la guerra después de padecer muerte, destrucción, desapariciones forzadas y desplazados durante décadas.
Un artículo de 2017, escrito por Catalina Cabrera Mantilla para el diario El Tiempo titulado “Lo que la guerra y la violencia le cuestan al mundo”, dice que “Colombia es el séptimo país del mundo al que más le ha costado la violencia”. No obstante tener uno de los gastos militares más altos del mundo, en proporción a su PIB, “Colombia es uno de los países con peor percepción de inseguridad”. En el mismo artículo, el economista Camilo Herrera calcula que el costo del conflicto en Colombia, desde 1.964, es de aproximadamente 2.724 billones de pesos que incluye el gasto militar, la reparación de la infraestructura, la pérdida de productividad de las más de 300 mil víctimas mortales, la corrupción derivada del gasto y la pérdida de oportunidades.
¿Pero por qué tanto amor a las armas? ¿Por qué en Colombia hay más militares que educadores? (322.000 docentes)
¿Por qué 535 mil funcionarios, entre militares y civiles pertenecientes a la Fuerza Pública, constituyen la mitad de todos los empleados públicos de toda la Nación?
¿Por qué Colombia es el país de la OCDE donde el tamaño de su Ejército es más grande con relación a la fuerza laboral? ¿Porqué el guerrerismo exacerbado? ¿Por qué el militarismo y el amor a la guerra?
Dos razones. Dinero y votos. La primera está suficientemente probada en las denuncias de corrupción develadas por la Revista Semana en su edición del 16 de mayo de este año. Denuncian los periodistas de Semana, que recientemente renunciaron o fueron despedidos, que varios oficiales tenían alianzas con miembros de la terrorista y sicarial conocida con el nombre de “Oficina de Envigado”. Otros oficiales hacían negocios con miembros del tenebroso Clan del Golfo. Otro sector del generalato estaba involucrada en perfilamientos y chuzadas a miembros de la oposición, incluido quien escribe. Otros estaban involucrados en robos al Ejército y la Policía. Otro General vendía información a las Farc y luego a las disidencias. Todo un menú de corrupción que con presupuestos bajos no tendría razón de ser. La información recabada por la contrainteligencia del Ejército esta contenida en 57.538 documentos escritos y videos que ocupan 5 gigas. Por esta cantidad de ilícitos, trece oficiales fueron llamados a retiro, ni siquiera fueron despedidos, y aún no se toman correctivos.
En Colombia es tabú la forma como las Fuerzas Militares y de policía usan los enormes recursos que se les asignan en el presupuesto nacional. Muchos de ellos son presentados como “gastos reservados” o gastos estratégicos, o de seguridad nacional, para evitar ser controlados. Según la Contraloría General de la República a agosto de 2020, se seguían 184 juicios de responsabilidad Fiscal contra funcionarios militares y civiles pertenecientes a las Fuerzas Militares. Buena parte de estas investigaciones recaen sobre la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea Colombiana “ACOFA” entidad que, curiosamente, tiene su sede fiscal en Fort Lauderdale, Florida. Esta entidad, que la Contraloría califica como exótica, ha realizado en los últimos cuatro años, 1.980 contratos por un valor de 580 millones de dólares que no se han tenido que someterse a los lineamientos de la Ley 80, sino a los que dictan las leyes de la Florida. Entre los contratos cuestionados, celebrados por esta entidad está uno por 14 millones de dólares cuyo objetivo era el de reparar el ARC Caribe, un buque de la Armada que hoy, dos años después aún permanece dañado. Se taza en 10.000 millones el detrimento para la nación de este dudoso contrato. Otro caso no menos graves es el del avión Boing 737 por cuyo mantenimiento se pagaron 2 millones de dólares. El avión nunca más voló y hoy se encuentra a punto de ser desmantelado. Debido a que ACOFA no está sometida a la ley 80, la gran mayoría de sus contratos, un 95.6% se hacen de manera directa y a través de brokers que cobran altísimas comisiones. Para rematar, la operación de ACOFA en Florida nos cuesta a los colombianos 6.000 millones al año.
Ahora bien, ¿por qué Colombia no participa de los megamillonarios negocios de la Farmacéutica o de la tecnología? Porque no invierte en Ciencia y Tecnología. Del mismo modo que somos uno de los países que más invierte en guerra, somos uno de los que menos invierte en Ciencia y tecnología. Mientras el mundo invierte en promedio el 2,2% de su PIB y la OCDE el 2,6%, Colombia invierte la irrisoria suma de 0, 2%. Por eso mientras países con menos PIB intentan encontrar la Vacuna contra el Covid, nosotros tenemos que esperar que la descubran, que nos metan en la lista de espera y que nos la vendan en condiciones desventajosas y con condiciones leoninas como no demandar ala farmacéutica en caso de que la vacuna surta efectos secundarios en los pacientes.
Pero sigamos con el tema de la guerra. Nuestro país se apresta a comprar 20 aviones de guerra y un número indeterminado de misiles tierra aire. Estos negocios, innecesarios a todas luces, pueden costar 1.300 millones de dólares. Para que no se amarguen, no imaginen la comisión que pueden recibir los famosos brokers por esa venta. Por ahora el negocio está parado por orden del Ministerio de Hacienda, suponemos que por las dificultades económicas por las que atraviesa el país a raíz de la pandemia.
Para mantener estos jugosos negocios, estos gigantescos presupuestos, los corruptos de Colombia necesitan de la guerra. Sin guerra no hay presupuesto. Empieza uno a comprender por qué el afán de acabar con el Acuerdo de paz, por qué el afán de empujar a excombatientes de las FARC hacia las disidencias. Entiende uno por qué el entrampamiento del Fiscal Néstor Humberto Martínez a dos de los negociadores de este grupo guerrillero.
Termino mencionando la segunda razón: Lo electoral.
Además de las jugosas ganancias los guerreristas de este país necesitan de la guerra para asustar a los electores. Necesitan un país en llamas para ofrecer los servicios de bomberos. Necesitan un país asustado para ofrecerse como la solución. El miedo les asegura votos. Con un país en paz, por ejemplo, el uribismo no tendría razón de ser. Sin las FARC Uribe no hubiera pasado de ser un político regional sin importancia, otorgando licencias a los aviones del Cartel de Medellín.
Por qué, en vez de reconocer, ante las abundantes pruebas presentadas por Petro, Cepeda, Sanguino y Roy en el debate de esta semana, que la Fiscalía entrampó a Santrich y a Márquez para extraditarlo y así torpedear el proceso de paz el Presidente Duque dice: “No puedo entender cómo aparecen ahora voces a ser defensoras de oficio del narcoterrorista Jesús Santrich que fue capturado con fines de extradición por motivos contundentes? Pues porque no quiere que regresen. Los necesitan en la clandestinidad para poder vociferar con el tono de su patrón. Se sienten felices con ese discurso, nadan como pez en el agua cuando tienen un enemigo sobre el cual cabalgar electoralmente. En cambio, nosotros le repetimos la invitación: Entréguense señores. No hay pruebas para extraditarlos. Ningún juez aceptaría las pruebas pegadas con babas que tienen contra ustedes. Dejen las armas y regresen. Salven el Acuerdo.
Cuando Uribe dice “Ojo con el 2022” le está diciendo a sus buitres: O nos movemos a desprestigiar a la izquierda o perderemos los privilegios, los contratos y la impunidad de la que hemos gozado por décadas. Es a nosotros a quienes corresponde decir “Ojo con el 2022”, no podemos permitir que nos roben de nuevo las elecciones. No podemos permitir que estas mafias se perpetúen en el poder. Qué vergüenza para nosotros como representantes de las víctimas seguirlo permitiendo. O triunfamos en 2022 o permitimos que colombianos y colombianas más valientes asuman las riendas de la oposición.