Los hechos se han presentado en las comunidades Emberá Dobida del Chocó, en los últimos meses. Esto debido a los grupos armados que permanecen allí y a la ausencia del Gobierno Colombiano. Esto también ha provocado desplazamientos masivos, reclutamientos y violaciones de los Derechos Humanos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), establece que el reclutamiento forzado no ha cesado. Las autoridades indígenas se pronunciaron pese al temor que existe por denunciar y que sean asesinados.
Algunos entes internacionales han denunciado la invasión armada que está ocurriendo actualmente en el Chocó. La Federación Luterana Mundial, organización humanitaria que se encarga de dar atención de urgencia a crisis humanitarias, enfatiza: “El confinamiento de al menos 3749 personas (821 familias) pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas”.
Por su parte la Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas sobre la situación social que se presenta en los municipios de Bojayá y del Atrato Medio. En los dos casos, se señala la constante vulneración a los derechos básicos de los pobladores, en su mayoría afro e indígenas y el profundo impacto a su modo de vida que causan los homicidios selectivos, violencia sexual, masacres, desplazamientos masivos, limpiezas sociales, confinamientos, enfrentamientos y extorsiones.
El consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Gerardo Jumi Tapias, dijo que es urgente que se garantice por parte de los grupos armados el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y que estos suicidios no solo se presentan en el Chocó, también en Antioquia, Cauca y Nariño.
“Le hacemos un llamado a la guerrilla del ELN y a las disidencias de las FARC y a cualquier otro grupo armado cómo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), para que apliquen el Derecho Internacional Humanitario, que significa no involucrar a la población en actos de confrontación militar y en actividades bélicas que lleven a cabo estos grupos armados”, dijo el consejero de la ONIC.