La Fiscalía 75 de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos declaró el crimen contra el integrante del partido comunista y de la UP, Julio Poveda, como de lesa humanidad.
El líder campesino fue asesinado por sicarios el 17 de febrero de 1999 que le dispararon en repetidas ocasiones a él y su esposa, este última resultó herida. Previamente Poveda había recibido múltiples amenazas telefónicas y ya habían cometido homicidios de personas cercanas como el de Víctor Julio Garzón.
“El señor Poveda era una persona amenazada, que vivía prevenida, por su labor sindical, política y social, en el contexto de violencia sociopolítica en el que vivía, era el blanco perfecto para el accionar de los grupos armados ilegales. Julio Alfonso Poveda era una persona que al momento de su asesinato trabajaba como gerente de Fenacoa en donde dictaba cursos de capacitación a población campesina. Paralelamente, fue militante político de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, y sindicalista, esta condición de activismo agrario, sindical y de militancia política fueron los móviles de su asesinato”, señaló la Fiscalía en una entrevista que realizó el Diario El Espectador
En el año 2012 el Estado había sido condenado pero la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos había negado la petición de declarar el crimen de lesa humanidad. Sin embargo Yessika Hoyos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo había recalcado en su petición a la Fiscalía y el 19 de junio de 2020, cambió su parecer.
Finalmente la Fiscalía afirma que Julio Poveda “hizo parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra los militantes del Partido Comunista y miembros de la Unión Patriótica, quienes eran objeto de hostigamiento, persecuciones, y atentados contra su vida y la de sus familiares, con conocimiento de dicha sistematicidad, y que hacía parte de una política de eliminación de toda aquella persona que era considerada como un enemigo en razón del ejercicio disidente de su actividad política y social en Colombia” y concluye su decisión de declarar el crimen de lesa humanidad porque “no se le brindó la protección que requería en tanto se trataba de un militante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista cuyos miembros, se insiste, eran para ese momento y desde varios lustros atrás, víctimas de violentas persecuciones y atentados contra su vida e integridad personal, lo que obligaba al Estado a otorgarles seguridad y protección”.
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