Hoy fue la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional un asunto que preocupa a la sociedad: la cadena de mentiras, noticias falsas, calumnias e injurias que se difunden por redes sociales.
Por Yulith Almenarez / Germán Calvo
@YulithAlmenarez
@GermanCalvo
Difícil decisión tendrá la Corte Constitucional para establecer la línea jurisprudencial frente a las redes sociales y las publicaciones que hace la gente. Hoy a la Corte Constitucional llegaron representantes de Google y Facebook, Lorenzo Villegas y Luis Alfredo Barragán, respectivamente, para asistir a la audiencia que buscaba reflexionar sobre el uso de las redes sociales en el país.
Los expertos en esta materia y empleados de esas empresas señalaron que “los administradores no son responsables de los contenidos de los usuarios”. Estas plataformas digitales tienen unos términos y condiciones para el uso sano de las mismas, pero es muy difícil controlar la información que a diario se sube. Como quien dice, si la gente leyera lo que firma, comprendería más el mundo.
El Superintendente delegado de la protección de datos, Nelson Remolina, le dijo a Cuarto de Hora que “la red no tiene cómo controlar los contenidos que se suben, pero una vez le hacen saber que esos contenidos son dañinos, hay que tomar una medida, y una medida que sugerimos es que el administrador de la red coloque una advertencia que diga que está siendo sujeto a una decisión judicial, para que los lectores de la red también sepan”.
Por su parte, José David Name, Senador del Partido de la U, reconoce que “el Congreso le ha fallado al país al momento de legislar” y, para eso está en la Comisión Sexta del Senado de la República el proyecto de ley 179 de 2018 “por medio del cual se crean normas de buen uso y funcionamiento de redes sociales y sitios web en Colombia”, que tendrá la primera ponencia el 16 de marzo de 2019.
El Alto Tribunal ha sido claro en que todo usuario de las redes sociales debe darle un uso que no afecte los derechos de los demás, ni difundiendo información que pueda poner en riesgo a terceros o incluso países.
