La propuesta para reducir el salario de los congresistas vuelve al debate legislativo en un momento de alta tensión entre el Gobierno y el Congreso. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lidera esta iniciativa que busca recortar en casi un 50 % la remuneración de los parlamentarios para 2026. La discusión está programada para la semana del 17 de marzo y cuenta con el respaldo de 57 legisladores de distintas bancadas, incluidos Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal).
Este debate surge tras el alertado hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, un hecho que ha acentuado la ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo. En este contexto, Cepeda ha señalado que sería “grotesco” que el Congreso rechazara tanto la reforma laboral como la reducción de sus propios salarios, apelando a la indignación ciudadana frente a este tema.
Históricamente, los intentos por disminuir los ingresos de los congresistas han fracasado. En los últimos nueve años, se han presentado 24 iniciativas similares sin éxito. Sin embargo, Cepeda considera que la coyuntura política actual podría facilitar su aprobación, pues las elecciones de 2026 generan una mayor presión sobre los legisladores, quienes podrían apoyar la medida para mejorar su imagen ante el electorado.
Si la propuesta es aprobada este año, algunos congresistas podrían solicitar la reducción anticipada de su salario, que pasaría de aproximadamente $48 millones a $28,4 millones mensuales. No obstante, el deterioro de la relación entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso, especialmente con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, podría dificultar el avance de esta reforma.
La discusión de esta iniciativa se da en paralelo a la propuesta del presidente Petro de convocar una consulta popular para impulsar sus reformas laborales y de salud, las cuales han encontrado fuerte resistencia en el Congreso. Mientras tanto, la tensión política sigue en aumento, y el debate sobre la reducción de salarios será una prueba clave para medir la disposición de los legisladores a responder a las demandas ciudadanas.