Por: Felipe Tascon
Más allá del tradicional discurso de corresponsabilidad entre países de la cadena de las drogas declaradas ilícitas, vale reclamar una necesaria correlación entre las vías de oferta y demanda en el camino pacífico de su solución. De esta manera, la implementación de procesos productivos alternativos en las regiones hoy ligadas al negocio ilícito, siempre debe considerar su implicación global, no sea que propicie el trasteo de la producción entre regiones o países. Igual la regulación de producción, distribución y consumo de la droga no puede ser ajena al desarrollo alternativo, que en paralelo tiene que implementarse para la economía campesina, no sea que esta, se mantenga en el atraso económico, aislamiento y abandono del Estado que causaron su dedicación a lo ilícito.
¿Que es lo que pasa hoy en el país? Por ejemplo, hace 10 días a las bocas de los ríos Micay y Naya llegó el Estado… no con las reclamadas inversiones en salud en medio de la pandemia, tampoco con presupuesto para la sustitución, sino con la marina. Lideres de este territorio afro reportan que hasta ahora nadie sabe a que fueron los infantes. Ante tal desconocimiento, Sherlock Holmes nos habría recomendado “sigan el dinero”, y si consideramos que estas cuencas -en el limite Pacifico entre Cauca y Valle- hoy constituyen el tercer foco en tamaño de cultivos de uso ilícito en el país, podríamos sospechar que los “héroes de la patria” -al margen de colaterales violaciones de niñas afro o indígenas- ahí van detrás del billete del narcotráfico. A propósito, el narco-negocio no tuvo que incluirse, de forma explícita, en las 43 excepciones de Duque para empezar a reactivarse.
Las cifras del presupuesto para el Plan Nacional Integral de Sustitución PNIS, que en los dos años de Carrasquilla en Min Hacienda, han pasado de bajas a inexistentes, evidencian que la superación del “problema” drogas no es una prioridad para el consorcio de delincuentes que hoy detenta el Estado, al contrario, el combo de narcos latifundistas y empresarios neoliberales, que con Uribe colonizan el poder en Colombia, necesita de la continuidad de las drogas y su prohibición, para que la acumulación de capitales del narcotráfico siga nutriendo la política y la economía colombianas.
En contraste, la política progresista debe ir contra la nutrición narcótica de Colombia y, en tal vía, un paso importante es regular desde el Estado el mercado de las drogas, arrebatándole ese rol a las mafias que, gracias a la prohibición, ejercen su monopolio global hace 6 décadas. El camino pacifico y correcto es establecer normas para su producción, comercio y consumo. Sin embargo, no basta con regular.
El investigador norteamericano Jhon Hudak, en un artículo de la semana pasada[i] anuncia la reedición de su libro, donde soporta algo conocido: la política estadounidense de drogas se alimenta y contribuye al racismo. Hudak expone una contradicción, mientras el consumo médico o recreativo de la Marihuana está legalizado en la mayoría de los estados de USA, poco o nada se ha hecho por corregir la aberrante conexión entre drogas y racismo. En la coyuntura de protesta étnica actual, Hudak propone una Agenda para arreglar el pasado, para limpiar antecedentes y excarcelar a quienes están judicializados por consumir droga, corregir los prejuicios policiales y para crear oportunidades económicas para negros y mestizos, fomentando su participación en el hoy negocio legal.
El articulo de Gustavo Bolívar este domingo[ii], relata la historia de la familia Hormiga cultivadores de marihuana en Tacueyo, Cauca, que pierden con cara y pierden con sello; arrinconados por el narcotráfico, también por un Estado que hizo trizas el punto 4 del Acuerdo de Paz y porqué la normativa que legaliza el cannabis para uso medicinal, no los cobija. Esto ultimo quiere decir que la legalización parcial de la marihuana, en términos prácticos ha impedido la participación de los cultivadores que surtían tradicionalmente el mercado, de donde el beneficio ha sido básicamente para las transnacionales y la gran empresa, que logran suplir las exigencias de una ley, fabricada a su medida. La actual normativa hay que modificarla, no solo para ampliarla al uso recreativo de adultos, sino para incluir a las familias que cultivan para el uso ilícito.
En la hipótesis de llegar a derogar la prohibición de las drogas y en particular de nuestro mayor producto de exportación, a las familias que cultivan coca para cocaína, les pasaría lo mismo que a los Hormiga. Ubiquemos geográficamente este argumento, así en una situación de legalidad global, nada impediría que Indonesia reviva en Java, los cultivos de coca que suplieron el mercado global en el cambio de los siglos XIX y XX. En el mapa nacional, la misma hipotética legalidad puede provocar la migración de los cultivos hacia predios conectadas por pavimento con puertos o aeropuertos, entonces, por ejemplo, en medio del Valle del Cauca, la familia Cabal podría convertir Pichichi (ubicado a 3 horas de Buenaventura y una de Palmaseca) en un gran cultivo de coca, y la senadora “asno con garras” devendría adalid -ahora pública- de la cocaína. Mientras tanto, las familias afros, indígenas y mestizas del Naya y el Micay, conservarían no solo su actual estigma, sus presos y sus muertos, sino también su territorio atrasado y aislado.
En conclusión, se impone una correlación entre las dos alas de la solución global: del lado de la demanda, la regulación de la droga y, del lado de la oferta, el desarrollo de las áreas productoras del campo. Cualquier solución que no tenga ambas alas, no solo será parcial, sino que siempre estará sujeta a retrocesos. Este será el punto de partida para una corresponsabilidad coherente entre los países de producción, tráfico y consumo. En el plano nacional, esta será la política correcta para corregir la aberrante conexión entre drogas y pobreza rural.
[i] https://www.brookings.edu/blog/how-we-rise/2020/06/23/marijuanas-racist-history-shows-the-need-for-comprehensive-drug-reform/?preview_id=858757
[ii] https://cuartodehora.com/2020/06/28/oro-verde/