Por: Jaime Gómez Alcaraz
Analista Internacional – Vocero en asuntos de política exterior del partido Iniciativa Feminista de Suecia
En semanas recientes, el “Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático” (IPCC por sus siglas en inglés) presentó un reporte que debe preocuparnos a todos. Allí se señala, entre otras cosas, que lo más probable es que la temperatura global alcance o supere los 1,5 °C de calentamiento en los próximos 20 años. Para llegar a esta conclusión, lxs expertxs han recogido datos de diversos centros de investigación del mundo que se han dedicado a estudiar el clima. Por unanimidad, concluyen que el clima está cambiando en todos los lugares del planeta a un ritmo nunca visto en los últimos años. Pero lo más grave, es que algunos de esos cambios ya están en marcha y serían irreversibles por miles de años.
El informe señala igualmente que aún hay tiempo para minimizar el impacto. Las medidas necesarias para ello tienen que ver con una reducción drástica, inmediata y de largo aliento de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Esta noticia alentadora en medio de lo terrible de la catástrofe que parece avecinarse, tiene sin embargo un sinsabor: dichas medidas, aunque mejorarían la calidad del aire rápidamente, tomarían entre 20 y 30 años para estabilizar la temperatura de nuestro planeta. Incluso, el secretario general de la organización de Naciones Unidas, António Guterres, calificó este informe como un verdadero “código rojo para la humanidad”.
El IPCC se pronunció de nuevo hace unos días y dijo que, de no tomarse medidas inmediatas, el aumento de la temperatura global llegaría a unos 2,7 °C a finales de este siglo lo cual, además de ser un incumplimiento serio de lo acordado en París, donde varios países de la comunidad internacional fijaron como objetivo no superar un aumento de 1,5° C para ese periodo, implicaría una verdadera tragedia para el planeta. Recordemos que el Acuerdo de París sobre cambio climático no es jurídicamente vinculante, es decir, no dice a los signatarios cómo deben reducir sus emisiones ni cómo deben desarrollar su capacidad de adaptación al cambio climático, solo los alienta a escribir un plan para alcanzar esos objetivos. Así pues, nos encontramos ante una emergencia sin precedentes en nuestra historia, en donde la mayoría de la población mundial está en las manos de los países de más altos ingresos para que estos pongan en acción su voluntad política e implementen drásticas medidas que ayuden a disminuir el impacto climático debido a sus emisiones de gases.
La organización no gubernamental Oxfam llama la atención en el sentido de que son las comunidades más pobres y en especial las mujeres, quienes pagan el precio más alto por las consecuencias del cambio climático. Esto se puede observar en los países del sur global en donde millones de personas han perdido sus hogares y sus medios de vida debido a inundaciones, sequías e incendios forestales cada vez más frecuentes a causa de la crisis climática que sus habitantes no han contribuido a provocar.
Es una verdad de perogrullo afirmar, que los países de más bajos ingresos que ya sufren los estragos de estos fenómenos climáticos carecen de los recursos económicos y de infraestructura para enfrentarlos. En estas regiones se encuentran las áreas más expuestas y vulnerables: dependen de las lluvias para mantener sus cultivos, viven en viviendas de construcción deficiente en áreas expuestas y carecen de los ahorros indispensables que ayuden a recuperar el impacto de un desastre. Muchos de los habitantes de estos países viven ya una situación de pobreza y se ven obligados a desplazarse porque la intensidad y la frecuencia de los efectos negativos relacionadas con el cambio climático aumentan y amenazan su existencia. Oxfam señala, además, que es tres veces más probable que los habitantes de estas zonas vulnerables se vean obligadas a desplazarse debido a inundaciones o incendios que por causa de conflictos, lo que pone en evidencia la gravedad de la situación.
Por otro lado, el Banco Mundial en un informe publicado en este mes de septiembre, destaca que cerca de 216 millones de personas se verán obligadas a desplazarse en el año 2050 dentro de su propio país por motivos climáticos y alerta que, durante la próxima década, la humanidad podrá ver ya el surgimiento de puntos críticos de migración por causas medioambientales. En ese mismo informe, el Banco Mundial señala que, si se reducen de inmediato los gases de efecto invernadero, se corrigen las brechas sociales de desarrollo, se restauran los ecosistemas y se ayuda a las poblaciones vulnerables en el proceso de adaptación medioambiental, ese desplazamiento por razones climáticas podría reducirse a 44 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, es como si los habitantes de Australia y Chile se vieran obligados a desplazarse con todas las consecuencias que ello implica.
Los niveles extremos de cambio climático que observamos actualmente son producto de la actividad de los seres humanos. Existen pruebas contundentes a este respecto según lo afirma la copresidenta del Grupo de Trabajo del IPCC, Valérie Masson-Delmotte. Igualmente, existen pruebas definitivas que muestran como el dióxido de carbono es el principal agente del cambio climático, aunque existen otros gases de efecto invernadero que afectan el clima. Pero no son todos los seres humanos quienes con su actividad han generado semejante tragedia. No son los pueblos ancestrales quienes han afectado el balance del clima. Son ellos quienes, por el contrario, lideran la lucha por la preservación de la Madre Tierra y de sus recursos naturales. Tampoco son lxs campesinxs quienes, por el contrario, con el conocimiento aprendido de su propia práctica, tienen procesos y rutinas de trabajo que protegen la tierra. Esa responsabilidad tenemos que encontrarla en la actividad humana generada por las empresas que encarnan poderosos intereses económicos ligados a una economía basada en las energías fósiles y a un sistema económico que alienta el consumismo y prioriza el crecimiento económico por encima del bienestar de la humanidad y de la naturaleza. Son estos grupos los responsables y quienes en primer lugar deben responder por la ejecución de las medidas urgentes a tomar que lleven a cero emisiones netas de CO2. Ello implica necesariamente, la implementación de un nuevo tipo de economía que respete los derechos de la naturaleza y que garantice el bienestar de todos los habitantes de este planeta y la vida de las futuras generaciones.
Los recursos del planeta son limitados y trabajar por ese crecimiento sin límites será solo posible a costa de sacrificar la existencia de la vida. En ese sentido, alentar la promoción de una política económica de carácter neoliberal implica coadyuvar al exterminio de la vida en el planeta. Existe un conflicto evidente entre crecimiento económico, equidad y sostenibilidad global. Abrazar el neoliberalismo implica ponerse del lado del genocidio de la humanidad y esa no es la herencia que deseamos dejar a generaciones venideras.
El calentamiento global, sus consecuencias y sus soluciones se tratan a menudo como un área política separada de otras áreas, por ejemplo, de la política económica, de las políticas migratorias y de las políticas sociales. Si hacemos un análisis social, queda claro que son las mismas estructuras de poder las que hacen imposible una sociedad equitativa y ambientalmente sostenible y que las soluciones en estos campos están en gran medida conectadas. Ello implica que para lograr la disminución en las emisiones de CO2 necesitamos también aplicar medidas que ataquen la desigualdad social. La sostenibilidad ambiental y la equidad social y de género son objetivos mutuamente dependientes. Por ello, no podemos discutir solamente como se diferencia la contaminación producida en los diversos países sino también, como esas emisiones contaminantes se producen dentro de los diferentes grupos sociales en cada país. Así como los países de más altos ingresos económicos deben asumir su responsabilidad como grandes emisores de gases contaminantes, los grupos sociales de altos ingresos, principalmente en los países del sur global, deben también asumir su responsabilidad. Para solo citar un ejemplo, los países de altos ingresos deben ajustar sus políticas para reconocer como refugiados climáticos a los grupos poblaciones que se ven obligados a desplazarse de sus territorios debido al cambio climático y deben ser reconocidos como tales en la Convención Internacional de Refugiados. Necesitamos asumir en nuestro que hacer político, lo que se denomina “Justicia climática global”.
Esta perspectiva global es importante y se requiere familiarizarnos con conceptos como el de la denominada huella ecológica la cual se refiere al impacto que causa en la naturaleza la producción de todo lo que consumimos incluyendo el manejo de los desechos. Así, diversos estudios han logrado identificar que quienes viven en los países de altos ingresos, son quienes dejan las huellas ecológicas más grandes, porque consumen y desechan más. Así, por ejemplo, Estados Unidos consume el equivalente a 4,5 planetas, Suecia consume el equivalente a 4 planetas. Los países productores de petróleo como Qatar están a la cabeza de esta lista mientras que el promedio mundial es de 1,7 planetas. Esa huella ecológica termina afectando a los países de más bajos ingresos de donde se obtienen los recursos naturales que luego se convierten en mercancías. Por ejemplo, los bosques tropicales de Borneo se talan para dar paso a las plantaciones de palma para producir aceite de palma. Lo peor del asunto, es que esos recursos se están utilizando no para satisfacer las necesidades de la población que en el mundo ha sido empobrecida, sino para satisfacer las metas de crecimiento de las grandes multinacionales. Es necesario introducir una perspectiva decolonial al momento de discutir y tomar las grandes decisiones.
A esto debemos adicionar otra cruda realidad. A mediados del mes de septiembre, la organización Global Witness presentó su último reporte denominado “Última línea de defensa”, en donde da cuenta de los asesinatos contra activistas ambientales y defensores de la tierra en diversos lugares del planeta. Es así, como a partir de los datos reunidos en el año 2020 concluye que fueron asesinadxs 227 defensorxs ambientales. El reporte muestra que Colombia, con 65 defensorxs asesinadxs, es el país del mundo en donde mas activistas ambientales son asesinadxs. Casi un 30% del total de asesinatos! Si analizamos a que grupos pertenecen lxs activistas asesinadxs, se concluye que los pueblos ancestrales, tanto en Colombia como en otros países del mundo, tienen el mayor número de asesinados. A nivel regional, América Latina ocupa el primer lugar.
Como dice el informe de Global Witness en su primera línea: “La crisis climática es una crisis de lesa humanidad.” Y continúan diciendo que “a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta”. Esta conexión no la podemos perder de vista. La lucha contra el cambio climático pasa también por la garantía a la vida de lxs defensorxs ambientales. Ahora que nos encontramos en época pre-electoral, es necesario que lxs candidatxs a la presidencia y a los diversos cuerpos legislativos, manifiesten explícitamente cuales programas de gobierno están dispuestos a implementar que lleven a apuntalar políticas de sostenibilidad ambiental, de equidad social y de género que solucionen estructuralmente las causas del cambio climático. Este es un problema que exige más que solo promesas. Requiere de actos concretos y urgentes que solo serán posibles con la participación y presión de las ciudadanías libres que obliguen a un pacto histórico para salvar nuestro planeta. Es el único que tenemos y debemos protegerlo.
Jaime Gómez, analista internacional y vocero en asuntos de política internacional del partido “Iniciativa Feminista” de Suecia.