Por: Felipe Tascón Recio / @felipetascon57
Cuando escribí este título fui consciente de lo escandaloso que resulta. Decidí mantenerlo por qué ninguno es mejor para pellizcar sobre el rol de esta droga prohibida en la vida nacional. Además de subrayar que sus alternativas de solución económica, ambiental, social y política necesitan incluirse como metas programáticas en el Pacto Histórico.
La cocaína es lucha de contrarios, es solución en el ángulo económico rural, mientras desde la macroeconomía, el ambiente, la sociedad y la política es problema. Desde el prisma de la economía campesina, es solución parcial al colonialismo interno; ha servido para resolverle la vida de familias afros, indígenas y mestizas, abandonadas por el Estado y la oligarquía que lo detenta, quienes entienden la periferia como enclave agrícola, minero o portuario, o simplemente la abandonan si no tiene nada que exprimirle.
En paralelo la cocaína soporta la macroeconomía del régimen, daña el ambiente cuando se implementa, y al acumular sus capitales deforman la sociedad y la política. Cada vez gana más espacio en su calidad de renta para la estabilización macroeconómica, así subsidia la gobernabilidad del régimen. La guerra contra la coca de uso ilícito es un eterno daño ambiental, su persecución solo impulsa la migración del cultivo y la deforestación derivada; mientras el vicio oficial de la aspersión aérea de glifosato envenena la población rural y las cuencas hidrográficas. Desde el ángulo social, es factor de la cultura del dinero fácil, que desestimula a la inversión productiva y viabiliza el lavado. En la política, compra elecciones e impone su inclusión en el poder hegemónico local, regional y central.
Cuando el Pacto Histórico construya la salida pacífica al actual rol de la cocaína en el Estado colombiano, estará en camino de acabar el colonialismo interno, desnarcotizar las rentas, preservar el ambiente, curar la sociedad y tener democracia.
Estos cinco ejes de la cocaína no tienen solución bajo el actual régimen; precisamente porque Uribe y compañía son expresión del problema. El peso de la alianza de banqueros, latifundistas y empresarios de la cocaína; ha marcado la hegemonía política y económica del país en 50 años.
El régimen ha logrado cabalgar sobre la cruzada de prohibición gringa; así desde sus púlpitos el patrón y sus alfiles, compiten en quien grita más contra la droga y el narcotráfico. Pero más allá del discurso, conocen muy bien el nexo entre la prohibición y las grandes ganancias que la droga produce, que los lucra económica y políticamente. El llamado problema de las drogas es insoluble bajo el actual régimen, porque la cocaína es el queso que estas ratas cuidan, solo manteniendo prohibida la droga y perpetuando la guerra que esta conlleva, aseguran la ganancia que los lucra.
¿Cómo solucionar estas contradicciones en paz? ¿Cuáles son las metas que debe incluir el Pacto Histórico, para cambiar el rol de la cocaína en el país? A continuación, expongo una propuesta siguiendo los ejes enunciados arriba.
En primer lugar, la economía campesina.
La coca para uso ilícito la cultivan familias indígenas, afros y mestizas; expulsadas de los valles fértiles e interconectados. Estos llegaron a tierras con agrología diversa, en zonas aisladas, sin vías y abandonadas por el Estado. Familias a las que además los TLC les impusieron competir con agriculturas subsidiadas. Es en dicho entorno, que el cultivo de coca para producir cocaína ha sido solución, porque en nuestras condiciones tropicales se cosecha cada 2 o 3 meses; porque dado el aislamiento se tiene que transformar hasta pasta básica de cocaína en el campo, y en este proceso se reduce el peso y volumen en 500 veces, facilitando transportar el producto. Para completar, se trata de un mercado asegurado y con precio regulado en la ilegalidad, hoy sobre los 900 USD el kilo de pasta base.
La coca ha sido herramienta para resistir al colonialismo interno. Ya que la aristocracia que detenta el poder desde Bogotá mira la mayoría de los territorios periféricos de Colombia como un enclave colonial. Por ejemplo, en el Pacífico con la mayor concentración global de coca, cuando Paola Ochoa le argumentó a Leonard Rentería que bloquear el puente El Piñal es un daño irreparable para 50 millones de colombianos; o cuando Vargas Lleras llamó ciudad fallida a Buenaventura, limitándose a hablar de vías y puerto. Ambos miran al litoral como un mero enclave portuario, omiten la necesidad de inversiones sociales en salud, educación, generación de ingresos o recuperación de una economía popular como la pesca, incluso la única infraestructura que les interesa es la funcional al puerto. No es casualidad que dos antiguas vías del país con el océano se encuentren abandonadas y llenas de coca: el camino real Popayán-Merizalde y la carretera vieja Cali-Buenaventura, así mismo la vía Pasto-Tumaco, área con la mayor densidad cocalera del mundo. Esto se repite con creces en el resto del litoral Pacifico, y en las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco, Catatumbo y Magdalena.
El programa de gobierno del Pacto Histórico debe crear las condiciones para erradicar el colonialismo interno. La estrategia es imitar a la coca, los proyectos alternativos de sustitución del ingreso, con la misma coca, o con cualquier otro producto, sólo serán viables si consiguen características similares a las descritas en rotación, industria rural, merma de peso y volumen, garantía de mercados y precios. Esto no es otra cosa que el desarrollo del campo y el litoral, en modo de respeto ambiental.
Se debe ir contra la soberbia “certificación” gringa, que se limita a un solo indicador, el número de hectáreas sembradas desconociendo cualquier esfuerzo de generación de ingresos alternativos. En esta línea, una eventual abolición de la prohibición, hacia la que apuntan el informe del Congreso de EE. UU. de noviembre pasado, y la legalización del consumo en el estado de Oregón, no puede tomarnos desprevenidos. Resulta imprescindible que el Pacto Histórico promueva una ley para abolir la prohibición nacional, en condiciones de defensa de las familias campesinas que han sufrido erradicación, fumigación, cárceles y asesinatos; es decir que en la legalización el beneficio sea para quienes históricamente han cultivado.
En segundo lugar, la macroeconomía.
Del “trabajo de campo” de Andres Felipe Arias, cuando estuvo preso en una cárcel de Miami, resultó que el precio mayorista de exportación de la cocaína colombiana son USD 13,200 por kilo. Esto multiplicado por la producción nacional de 950 T (dato ONDCP 2019) nos da la cifra de 12540 millones de dólares anuales. Así se explica el rol de la droga en las rentas nacionales, el subsidio que ella significa para el capitalismo colombiano en crisis; además con sus negocios lavados, la cocaína paga impuestos. A esto ayudó la similitud entre el ritmo de la economía de la droga con la política neoliberal; porque en ningún otro sector se logra tan bien aquello de maximizar la ganancia en el mínimo de tiempo. El Pacto Histórico al promover el desarrollo rural, la erradicación del colonialismo interno y la abolición de la prohibición acaba con esta herramienta traqueta del fisco nacional.
En tercer lugar, lo ambiental.
La forma de garantizar la reversión del daño ambiental tiene relación directa con llegar a reconocer que los causantes del ‘ecocidio’ que provoca la siembra de coca, no son las familias campesinas, sino la militarización del combate a las drogas, y en el fondo su prohibición. La guerra como única política pública respecto a la coca, lo que ha producido es la migración eterna de las siembras, la deforestación consecuente y el creciente uso de químicos, para acelerar el cultivo y procesar la hoja. El Pacto Histórico debe legislar no sólo respaldando el derecho a la sobrevivencia de las familias campesinas, sino para garantizar que los proyectos de desarrollo rural en el campo y el litoral partan del respeto ambiental.
El cuarto elemento, lo social.
Las trazas culturales que el narcotráfico ha impreso en la sociedad, para ambientar y normalizar el lavado o legitimación de capitales de la cocaína, se combate básicamente con el cambio de foco de la política pública sobre las drogas. Esta desde sus inicios ha estado concentrada y casi que limitada a combatir a las familias campesinas, precisamente como una estrategia para banalizar, ocultar a los verdaderos traficantes de la droga ilícita, y así facilitar su inserción social en la economía y la política. Aunque en el papel la interdicción se dirige sin distingos a todos los eslabones de la cadena productiva, la aceptación social de Ñeñe Hernández o Memo Fantasma evidencian lo contrario, los narcos están en las élites. En el programa del Pacto Histórico, será claro que las familias campesinas dedicadas al cultivo no son delincuentes, mientras si lo son los capitalistas que manejan la cadena: quienes financian, quienes procesan, quienes transportan, quienes capitalizan y quienes distribuyen; y mientras no se derogue la prohibición, es sobre estos eslabones criminales hacia donde se debe dirigir la ley.
El quinto punto, lo político.
El abordaje del Pacto Histórico sobre la cocaína debe, en la práctica, centrarse en la tarea de recuperación de la democracia. Los capitales de la droga prohibida multiplicaron el cohecho electoral, la compra de votos. Lo que inició como patente de tolerancia derivo en el creciente control de la cocaína sobre la política; donde la mafia exigió y logró participar en la hegemonía del poder. Tal como se divulgó recientemente, en Bayano Digital, en México desde Salinas de Gortari hay narcoestados, el crimen organizado está en el bloque de poder y lo que intenta el gobierno López Obrador es recomponer ese bloque echando a los narcos del Estado mexicano; un proceso difícil pero que -de acuerdo con el profesor Martinez Merlín- ya inició. En Colombia la tarea del Pacto Histórico debe ser la misma, porque sólo expulsando a los capitales de la cocaína del Estado en Colombia, se podrá construir democracia; hablo más allá de lo electoral, las políticas públicas progresistas nunca podrán consolidarse mientras la cocaína siga subsidiando a la oligarquía.
Finalmente, vale la pena tomar conciencia que superar la prohibición de la droga es posible, porque la actual política fracasada es sólo una de las alternativas. Como sociedad debemos estar abiertos al proceso de derogación y desmonte de la guerra de drogas. Esta será tarea del Pacto Histórico, ambientando en un nuevo escenario donde se le arrebate, al crimen organizado este mercado, para regularlo al lado de acciones de prevención sanitaria. En paralelo, los actores del conflicto deben elegir entre prolongar el desastre nacional o ser parte de la solución.