La justicia ha responsabilizado a la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército por el asesinato de Carlos Alfredo Castro en 2004, inicialmente reportado como muerto en combate. El Tribunal Administrativo del Cesar ordenó una indemnización significativa y la emisión de disculpas públicas a la familia.
Este caso comenzó cuando Castro fue engañado con una oferta de trabajo falsa y posteriormente asesinado, después de lo cual se le reportó como baja en combate. Tras años de búsqueda, la familia descubrió que su cuerpo estaba enterrado en Valledupar. Investigaciones posteriores confirmaron que se trataba de un “falso positivo”, un hecho reconocido por un exmiembro del Ejército.
Los familiares demandaron a la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército, alegando violación de derechos fundamentales. El Tribunal Administrativo del Cesar les dio la razón, ordenando el pago de más de 300 salarios mínimos y la emisión de disculpas públicas, concluyendo que estas entidades debieron proteger a las personas y no lo hicieron.
Este caso se enmarca en los esfuerzos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Cesar para buscar víctimas de falsos positivos en la región. En el cementerio alterno de El Copey, se han encontrado 37 cuerpos no identificados, que se cree corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto armado, según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).