12 presuntos integrantes de una red delictiva señalada de deforestar en zonas de reserva en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, entre ellos 2 funcionarios públicos, fueron judicializados por la Fiscalía por la tala de más de 7000 hectáreas de bosque
La Fiscalía encontró que los dos funcionarios públicos tenían cargos en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
“Estas personas, al parecer, usaban sus cargos e influencia, y a cambio de dádivas, facilitaban la expedición de permisos para aprovechar el recurso maderable en zonas de reserva forestal o gestionaban salvoconductos que le permitían a la organización mover grandes cantidades de madera y darles apariencia de legalidad”, informó la Fiscalía
De acuerdo con la Fiscalía, la actividad ilícita se ejecutó en áreas protegidas de Tunja, Pesca y Combita (Boyacá); y en Zipaquirá y municipios de la sabana norte y occidente de Bogotá, en Cundinamarca.
Según pudo corroborar la Fiscalía, está red delictiva compraba o se apropiaba de zonas de reserva forestal, talaban árboles de especies protegidas y trasladaban la madera obtenida ilegalmente a sitios de acopio para su posterior venta, esto en complicidad con los funcionarios de las entidades públicas