Por cuenta de la grave ola de violencia que atraviesan los firmantes del acuerdo de paz en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un fuerte llamado a la Consejería presidencial para la Estabilización y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Y, además, les impartió alguna medidas para que protejan efectivamente a quienes entregaron las armas para reincorporarse a la vida civil, luego de realizar una audiencia de seguimiento por esta preocupante situación.
“La situación es muy grave, en esa medida de ninguna manera se puede hablar aquí de mejoría de la situación. Más de 46 homicidios en 2021 es una situación gravísima. El Estado no les está cumpliendo a los excombatientes”, señaló el magistrado, Gustavo Salazar.
Entre las medidas más importantes se encuentra que el tribunal de paz le ordenó a la UNP resolver antes del 31 de diciembre las 101 solicitudes de protección, presentadas por firmantes del acuerdo de paz, y que no han sido atendidas
“Siempre y cuando garantice la sostenibilidad de las medidas de protección individual y colectiva que se aprueben y la planta de personal administrativo que se requiera para el cumplimiento del plan de descongestión y el creciente aumento del número de solicitudes”, explicó la magistratura.
Además, la JEP también convocó a una audiencia reservada a la UNP y a la Consejería para la Estabilización para revisar, una a una, las diferentes situaciones de los excombatientes asesinados en el marco de la ruta de protección.
“Insisto en expresar nuestra profunda preocupación por los ataques que han sufrido ya casi 300 firmantes del Acuerdo de Paz. Se trata de una situación inaceptable cuya dinámica no pareciera tener fin, que afecta gravemente la consolidación de la paz en Colombia”, afirmó uno de los magistrados.