Esta es la traducción al español de un artículo que fue publicado originalmente en el medio sueco Dagens Arena y que escribí en mi calidad de vocero en asuntos de política internacional del partido “Iniciativa Feminista de Suecia”.
Por: Jaime Gómez – Vocero en asuntos de política exterior – Iniciativa Feminista de Suecia
En el año 2016 se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla FARC-EP. Más de 50 años de conflicto armado llegaron a su fin. De todas maneras, eso fue lo que muchos pensaron. Cuatro años después, la situación en Colombia es crítica desde varios aspectos.
Un portal de noticias (lanuevaprensa.com.co) publicó los resultados de una investigación periodística que mostró que la campaña presidencial realizada por el actual presidente, Iván Duque, fue financiada con dinero de los carteles de la droga. El dinero se utilizó para comprar votos en diferentes regiones del país. Se le conoce como el caso de la “Ñeñepolitica”. La investigación la lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación, cuyo jefe es amigo cercano del presidente y formó parte de su campaña presidencial. Esto genera una crisis de legitimidad que, junto con una mala gestión de la pandemia del Covid-19, profundiza la ya grave crisis económica, política y social.
Paralelamente, se están produciendo una serie de asesinatos de líderes de la sociedad civil. Las cifras son de miedo. Según Indepaz, una organización que trabaja por la paz y los derechos humanos, 182 personas han sido asesinadas en Colombia en 42 diferentes masacres, solo durante 2020. De ellos, 35 fueron asesinados entre el 2 y el 22 de agosto del año en curso. 215 ex-guerrilleros desmovilizados de las FARC-EP han sido asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz. Es decir, el Estado no les garantizó el derecho a la vida. Global Witness en su último informe, da cuenta que Colombia es el país del mundo en donde fueron asesinados la mayor cantidad de defensores del medio ambiente en 2019.
Líderes sociales, activistas ambientales, activistas de derechos humanos, desmovilizados de las ex guerrillas de las FARC-EP, miembros de la oposición, activistas de los pueblos ancestrales, feministas, activistas de grupos afrocolombianos. Cualquiera que mire el mundo desde una perspectiva diferente a la de quienes gobiernan el país y detentan el poder del gobierno en Colombia, corre el riesgo de ser víctima de la violencia por el simple hecho de trabajar por un país que ofrezca un mejor futuro para las generaciones venideras.
Las masacres no son un fenómeno nuevo en Colombia. Ocurrieron cuando el conflicto armado interno asoló al país durante más de 50 años. La firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP generó para muchas personas, nuevamente, la esperanza que un país en paz era posible. Era una nueva oportunidad para que floreciera la vida y el fin de las masacres. Después de casi cuatro años, debemos constatar lamentablemente que las masacres y asesinatos han regresado a este país. Y no es de extrañar, ya que el actual presidente Iván Duque enarboló entre otras promesas electorales, el rompimiento de los acuerdos de paz cuando se postuló para la presidencia por el partido de extrema derecha “Centro Democrático” (CD). Es claro que la ausencia de voluntad política por la paz y lo que ella implica, está asociada con el regreso de las masacres.
En medio de este panorama político, la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe Vélez, expresidente y líder supremo de CD. Está acusado de supuestamente manipular la justicia e intentar comprar testigos en un proceso judicial. Comparado con los más de 230 procesos judiciales que tiene el expresidente en diferentes instancias, incluso por crímenes de lesa humanidad, es este un proceso legal de menor importancia.
Sin embargo, la reacción de los sectores gobernantes fue muy fuerte, con una campaña contra la Corte Suprema de Justicia. Incluso el propio presidente Duque intentó influir en los magistrados, violando así la regla de separación de poderes, propio de un estado de derecho. Pero los intentos de persuadir a la Corte para que liberara a Uribe no se detuvieron en las fronteras colombianas. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló y llamó a Uribe un “héroe” y pidió a la Corte que lo liberara. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, hizo algo similar, en una interferencia inaceptable en los asuntos internos de Colombia.
Por todo esto, es incomprensible que Suecia quiera vender aviones de combate tipo JAS a Colombia. Lo que Colombia necesita ahora es un gobierno que respete los derechos humanos, que cumpla con los acuerdos de paz y con la obligación de garantizar el derecho a la vida a todos los habitantes del país. Colombia está en manos de un gobierno que mira para otro lado cada vez que ocurre una masacre, un gobierno que compró votos para ganar las elecciones presidenciales por lo que perdió legitimidad y que tiene grandes problemas de gobernabilidad. Tampoco es posible entender que los colombianos que necesitan huir del país y solicitar asilo en Suecia, sean rechazados por el hecho de que Colombia está en la lista de “países seguros” de la Unión Europea y porque es un país con un gobierno democrático ya que tiene elecciones.
El mundo no puede seguir en silencio ante una realidad tan dramática. Varias organizaciones de derechos humanos del país ven como una necesidad que la Corte Penal Internacional asuma el caso de Colombia.
Iniciativa feminista de Suecia condena enérgicamente las masacres que azotan a Colombia. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional a las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la democracia, así como a las víctimas de estas masacres que ya tienen el carácter de un genocidio.
Iniciativa feminista de Suecia pide al gobierno sueco que:
- Cese de inmediato todas las negociaciones relacionadas con la venta de aviones de combate al gobierno colombiano.
- El Ministerio de Relaciones Exteriores cite al embajador de Colombia en Suecia para manifestar su firme rechazo a las masacres ocurridas en Colombia y para protestar por el manejo ineficaz que ha hecho el gobierno colombiano ante estos terribles crímenes.
- A través de los canales diplomáticos, animar a otros países de la Unión Europea a protestar por los asesinatos que tienen lugar impunemente en Colombia y detener todos los acuerdos militares entre la Unión Europea y Colombia.
- Impulse la creación de una misión con representantes del Parlamento Europeo y organizaciones de derechos humanos que documenten sobre el terreno, el genocidio que está teniendo lugar en el país y formulen recomendaciones al Parlamento Europeo.
- Elimine a Colombia de la lista de “países seguros” y garantice el derecho de asilo a los colombianos que necesiten huir del país.