La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas en Venezuela documentó los casos de tortura reportados desde 2014 hasta la actualidad registrando 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, denunció Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Dentro de los escalofriantes casos que documentó la ONU se encuentran asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua, golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes, descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo, desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
El informe señala que estas prácticas han sido sistemáticas y especialmente aprobadas y coordinadas por Nicolas Maduro y al poderoso dirigente chavista, Diosdado Cabello, además responsabilizan principalmente al Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
“En la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señala la misión en un comunicado.
El informe también señala que los casos de violaciones a los derechos humanos se habrían dado en “casas de seguridad”, las cuales, según se lee, son administradas por Alexánder Enrique Granko Arteaga, el director de Asuntos Especiales de la DGCIM. De acuerdo con Infobae, la mayoría de estas viviendas pertenecían a presuntos narcotraficantes o familias acomodadas, y fueron incautadas por los organismos gubernamentales.