En un nuevo capítulo legal para Rodolfo Hernández, exaspirante presidencial, se le imputaron cargos por presunta financiación irregular de campaña, según informó la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con las pruebas presentadas, Hernández habría ignorado la prohibición legal al realizar aportes a la campaña presidencial del 2022, transfiriendo más de 127 millones de pesos desde su patrimonio, a pesar de estar formalmente acusado en otro proceso penal en ese momento.
Socorro Oliveros de Hernández, gerente de campaña y esposa del acusado, también está bajo la lupa por presuntamente permitir el ingreso de fondos, a pesar de conocer la restricción que prohíbe recibir aportes de personas procesadas.
El antecedente legal de Hernández ya incluye una inhabilitación de 12 años, emitida en noviembre pasado por la Procuraduría General de la Nación, relacionada con el escándalo de Vitalogic. En ese caso, se estableció que Hernández había celebrado un contrato con interés indebido mientras era alcalde de Bucaramanga, beneficiando a su hijo.
La investigación actual se inició a raíz de la demanda presentada por los abogados caleños Óscar Fuentes e Indemaro Lujan Lozada. Argumentan que Hernández invirtió fondos en su propia campaña mientras estaba siendo procesado por corrupción, lo cual la ley prohíbe.
La audiencia reciente se llevó a cabo de manera virtual, donde tanto Hernández como su esposa se declararon inocentes, negando los cargos de financiación irregular de campaña política. A pesar de este nuevo desarrollo, Hernández ya arrastra una hoja de vida judicial cuestionada por diversos procesos de corrupción y conducta indebida. El caso ahora sigue su curso para determinar si será llevado a juicio o si se desestimará.