En las últimas horas la fiscalía imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos a Luis Alfredo Ramos, en medio del proceso que se abrió desde julio pasado por la contratación de la construcción de Hidroituango sin embargo, el exgobernador de Antioquia no aceptó la imputación.
“No he aceptado la imputación que se me ha hecho en la fecha. Dejo claro que mis actuaciones como Gobernador de Antioquia estuvieron presididas del ánimo de servir al departamento y al país. Debo decir que desde mi función de Gobernador, jamás vi asomo de ilegalidad con respecto al proyecto Hidroituango”, expresó Ramos Botero.
Junto al exgobernador de Antioquia, fueron judicializadas otras tres personas claves en el caso de contratación. Se trata del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, el exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, y el exgerente general de EPM, Federico José Restrepo Posada
De acuerdo con la Fiscalía, estos funcionarios presuntamente ejecutaron un proceso de contratación directa con EPM que habría vulnerado varios principios esenciales.
Según explica el ente acusador, al parecer, los procesados intervinieron en las discusiones que permitieron celebrar un contrato denominado BOOMT, el 30 de marzo de 2011, que habría desconocido los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.
“Este contrato estableció que EPM tendría la financiación para la construcción, operación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica Pescadero – Ituango. El proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.