Diego Molano, actual candidato a la alcaldía de Bogotá y exministro de Defensa, vuelve a estar en el ojo del huracán por el irregular operativo que dirgió como jefe de Cartera el 22 de marzo de 2022 en Putumayo que resultó en el asesinato de 11 personas a manos del Ejército colombiano. Esta vez, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha señalado que el exfuncionario proporcionó información falsa del procedimiento por lo que solicitó llevar la investigación a la justicia ordinaria y así evitar que continúe en los tribunales militares.
La solicitud, presentada ante el magistrado Alejandro Linares, es el resultado de una investigación exhaustiva llevada a cabo por Human Rights Watch que pinta un cuadro sombrío de los acontecimientos en Remanso, alegando que el Ejército empleó fuerza letal de manera deliberada, incluyendo el uso de francotiradores, y que las víctimas incluían a al menos cuatro civiles desarmados, que no estaban relacionados con grupos armados.
Uno de los aspectos más destacados del informe de HRW es la afirmación de que el entonces ministro de Defensa calificó a las personas fallecidas como “criminales” y “miembros” de Comandos de la Frontera, a pesar de que solo dos de las once víctimas tenían antecedentes penales, y esto no estaba relacionado con su supuesta afiliación a dichos grupos. Recordemos que entre las víctimas civiles se encontraban un líder indígena, un agricultor, un líder comunitario y la esposa de este último, que estaba embarazada.
La investigación de HRW también reveló preocupantes irregularidades en el manejo de la evidencia y la falta de transparencia por parte de las autoridades militares. Se señala que hubo retrasos significativos en la notificación al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y problemas en la conservación de los cuerpos debido a la falta de refrigeración adecuada.
En respuesta a estas revelaciones, HRW ha instado al magistrado Linares a devolver el caso a la justicia ordinaria. La organización argumenta que la independencia necesaria para investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares suele estar en entredicho cuando las mismas autoridades militares son responsables de llevar a cabo las investigaciones y los juicios en tribunales militares.