Este lunes, en el Complejo Judicial de Paloquemao, Bogotá, continuó el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno a testigos y fraude procesal. Se trata de un proceso sin precedentes en la historia de Colombia, ya que es la primera vez que un exmandatario enfrenta un juicio penal en el país.
La defensa de Uribe y su versión del caso
La jornada comenzó con la intervención del abogado Jaime Granados, quien presentó la teoría de la defensa ante la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Según Granados, la Fiscalía ha tergiversado los hechos y no existen pruebas que demuestren que Uribe ordenó sobornos a testigos para beneficiario su causa.
Uno de los puntos clave de la defensa es la presunta manipulación de las pruebas presentadas por la Fiscalía, en particular las grabaciones del testigo Juan Guillermo Monsalve, las cuales, según Granados, fueron entregadas de forma incompleta y editada. La defensa sostiene que estos elementos probatorios fueron alterados con el objetivo de incriminar al expresidente.
Por su parte, Álvaro Uribe tomó la palabra en la audiencia para reafirmar su inocencia y asegurar que el proceso en su contra es de carácter político. “No soborné ni mandé a sobornar testigos; no engañé a la justicia”, declaró el exmandatario, quien insistió en que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas y busca desacreditarlo.
El senador Iván Cepeda, quien es parte de la bancada de víctimas en este caso, anunció que solicitarán observación internacional para garantizar la transparencia del juicio. La bancada ha acudido a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU para que supervisen el desarrollo del proceso judicial.
Cepeda ha denunciado públicamente una estrategia de desprestigio y hostigamiento en su contra, presuntamente orquestada por Uribe y sus seguidores, con el fin de desviar la atención del proceso. Ante esto, el Centro Democrático, partido fundado por Uribe, respondió con un comunicado en el que acusó a Cepeda de manipular testigos en contra del expresidente.
Recordemos que el proceso contra Uribe tuvo su origen en 2012, cuando el propio expresidente denunció a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que el senador manipulaba testigos para vincularlo con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte determinó que en realidad fue Uribe quien incurrió en soborno y fraude procesal, revirtiendo así la investigación en su contra.
Un juicio en medio de tensiones
El juicio se desarrolla en un ambiente de alta polarización política. A las afueras del complejo judicial, seguidores del expresidente se manifestaron con pancartas y cánticos en su apoyo, mientras que las víctimas del caso han denunciado amenazas y presiones.
A pesar de los múltiples intentos de la defensa de Uribe por frenar el proceso, la jueza negó una solicitud de aplazamiento y permitió que la Fiscalía presentara sus pruebas. Además, el Tribunal Superior de Bogotá admitió las interceptaciones telefónicas realizadas en 2018, que forman parte de las pruebas en su contra.
La Fiscalía ha solicitado una condena para el exmandatario, mientras que su defensa intentará desacreditar las evidencias presentadas. Este juicio no solo definirá el futuro legal de Álvaro Uribe, sino que también pondrá a prueba la independencia del sistema judicial colombiano ante una de las figuras políticas más influyentes del país.