Luis Guillermo Pérez Casas
Defensor de derechos humanos
10 de julio de 2022
“La gente que está tratando de hacer este mundo peor no toman ni un día libre, ¿cómo podría tomarlo yo? Ilumina la oscuridad”
Bob Marley
El Ex presidente y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, junto con el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, impulsan una campaña internacional para cambiar la penalización, represión y “guerra contra el narcotráfico” y proponen regular la producción, el mercadeo y el consumo. Bien lo resume Santos “Sólo la legalización de las drogas acabará el narcotráfico”[1]. Empiezo hoy una serie de cuatro columnas para comprender los retos, las dificultades y las posibilidades de lograr progresivamente su regulación.
Dicha regulación debe darse en el marco de una política integral de prevención al consumo, atención integral a la población adicta, superar la criminalización del micro-tráfico y cultivo, y lo más importante, debe garantizarse que toda la rentabilidad generada con la regulación de sustancias psicoactivas será invertida en los territorios que han sido asediados por el conflicto y que han resultado más afectados por las políticas de erradicación con glifosato y asociando a la producción a las propias comunidades afectadas históricamente por la represión.
Para lograr estos objetivos, es indispensable que toda la cadena de producción, transformación y comercialización de sustancias psicoactivas esté controlada por el Estado, generando oportunidades reales, ciertas e inmediatas de involucrar a las comunidades vulnerables históricamente reprimidas, repararlas y ofrecerles fuentes de sostenimiento.
Pues no solamente se trata de darle un nuevo tratamiento de legalidad a los cultivos de cannabis, hoja de coca y amapola, sino de reconstruir el discurso para reconocer en su cultivo prácticas ancestrales de los pueblos nativos, aplicaciones medicinales y, de otra parte considerar el uso de estas sustancias como una manifestación del libre albedrío de la persona humana,
La penalización de las drogas ha impedido que se pongan en práctica mecanismos de control y de apoyo realmente efectivos para la población consumidora y dependiente, como pueden ser, centros terapéuticos-asistenciales y sistemas educativos y de información.
En el caso específico de Colombia la prohibición es además, una inconsistencia jurídica insalvable, se tiene una contradicción en el sistema judicial que es a todas luces injustificable. Mientras la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones como guardiana e intérprete de la Carta Política, determinó que la penalización del consumo era una violación directa al derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad, los gobiernos de turno han seguido apostando por la persecución de la producción.
En sentencia C-221 de 1994 la Corte Constitucional señaló en relación con el consumo de sustancias psicoactivas que “No se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación, como delictiva, de una conducta que, en sí misma, sólo incumbe a quien la observa y, en consecuencia, está sustraída a la forma de control normativo que llamamos derecho y más aún a un sistema jurídico respetuoso de la libertad y de la dignidad humana, como sin duda, lo es el nuestro”.
Por ende, en procura de defender los principios de la libertad y la democracia, el legislador no puede limitar la autonomía de las personas en base a juicios de valor que no son universalizables.
Desde entonces, en Colombia es legal el consumo y el porte de la dosis mínima, pues se reconoce que cada persona es completamente libre y consciente para tomar las decisiones que en desarrollo de su personalidad considere son las más adecuadas. Es legal el consumo, pero no la producción, una cadena de mercado no regulada en la que se tiene la demanda pero la oferta sigue siendo ilegal.
En otros términos, en Colombia las y los ciudadanos tienen derecho a consumir cualquier droga pero se ven limitados para adquirirla a través de vías legales y controladas, lo que genera una paradoja que implica riesgos de seguridad y de salud pública injustificados. Al mismo tiempo, la confrontación de perspectivas trae como consecuencia el fortalecimiento de las mafias del narcotráfico que se encargan de violentar a los territorios y comunidades más empobrecidos del país.
El mismo escenario se tiene respecto de los esfuerzos que debe encaminar el Estado para garantizar los derechos de la población dependiente, en el tratamiento de rehabilitación es menester suministrar dosis controlada para superar la adición de a poco. Al no tener ninguna fuente de suministro, la única posibilidad que queda es el suministro por vías ilegales, en donde los dineros públicos llegarían a fortalecer la delincuencia.
El manto de peligrosidad que se ha tejido alrededor de la droga desincentiva la búsqueda de alternativas sanitarias y asistenciales, la búsqueda de información y el planteamiento de perspectivas fundamentadas. La construcción de políticas públicas educativas y de prevención, así como el control de la delincuencia y la garantía de derechos sociales para los sectores más vulnerables de la sociedad.
El Estado debe proveer una atención integral a la población consumidora y dependiente, capaz de brindar todas las herramientas de información necesaria para la toma de decisiones, de prestar apoyo para la prevención del consumo, hacer registro y control de las sustancias que están disponibles en el mercado y de acompañar los procesos de rehabilitación de forma gratuita e integral.
La única forma de atacar las estructuras del narcotráfico es legalizando la producción de las drogas y monopolizando su comercialización en cabeza del Estado, al tiempo que se les ofrece posibilidades de sometimiento a la justicia a sus integrantes. Lo demás no es otra cosa distinta al uso de la fuerza militar y coercitiva del Estado, en contra de los sectores pobres y marginalizados de la sociedad.
Si se mira la política prohibicionista de las drogas como una lucha contra el consumo y la peligrosidad de las sustancias, el resultado siempre será de fracaso. Pero, es posible de tal análisis este basado en las variables equivocadas, por la historia reciente y especialmente por la experiencia de Colombia, parece que lo que se tiene que poner de presente para entender y desmantelar el paradigma antidrogas es que no ha existido una manera más eficiente en el mundo moderno de intervenir la soberanía de naciones independientes, desplazar comunidades, reorganizar territorios, reactivar el mercado de las armas y proveerse de grandes cantidades de dinero ilegal que entran al sistema mundial sin ningún tipo de control efectivo.
Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alrededor de 275 millones de personas en todo el mundo utilizaron drogas durante el último año (2021) de los cuales 36 millones sufren trastornos por consumo de drogas (13%)[2].
La Organización Global Financial Integrity (GFI) en informe elaborado para el Congreso de Estados Unidos, señaló que cubrir la demanda de drogas para el consumo de 275 millones de personas le genera al narcotráfico entre 80.000 y 90.000 millones de dólares al año teniendo en cuenta solamente el flujo financiero ilícito de EE.UU, México y Colombia[3]. Resulta evidente que si se tratará de luchar contra el tráfico ilícito, los esfuerzos se concentrarían en el lavado de activos y no en la represión de comunidades empobrecidas y la prohibición de las drogas.
Pero el problema más grave no es cuánto dinero se genera fuera de la fiscalización de los Estados, sino la violencia que se causa para conseguirlo y el sin número de externalidades sociales que se generan a fin de mantener el negocio. Las vidas humanas que se han perdido en las políticas impuestas de guerra contra las drogas, el daño ambiental que se ha causado con la persecución inútil de cultivos, la militarización de territorios, el encierro de millones de seres humanos en las cárceles, la corrupción y el clientelismo, entre muchos otros.
La apuesta por un planteamiento diferente sin duda generará conflictos con tabúes profundamente arraigados en la sociedad, sin embargo, no existe otro camino distinto a la despenalización extendida a la producción y al consumo para cambiar la realidad de violencia y desigualdad que se ha impuesto por cuenta del narcotráfico.
Cualquier decisión de Estado sobre la materia requiere de las más amplias consultas y de políticas participativas tanto a nivel interno como internacional y comprendiendo que debe ser un proceso progresivo cuyo punto de partida en Colombia ha sido la legalización de la producción del cannabis con fines medicinales. Lograr que Colombia se convierta en potencia mundial de la vida, pasa por convertir este problema en oportunidad real de transformación.