Este martes el presidente de la comisión III del Senado, Gustavo Bolívar, radicó una acción de nulidad ante el Consejo de Estado por falsa motivación en dos de los últimos decretos de Duque que buscan dejar varios beneficios vitalicios a funcionarios de su gobierno.
Precisamente, hace unos días Iván Duque dejó en firme unos decretos que modifican las condiciones de acceso a esquemas de seguridad, uno de ellos es el decreto 1064 de 2022 que amplió el número de personas en riesgo extraordinario y extremo que requieren protección, esta modificación cobija a funcionarios públicos que trabajaron para su gobierno, los cuales recibirán conductores, camionetas blindadas, escoltas, entre otros beneficios.
Otro decreto es el 1033 de 2022 en el que se “incluyeron funcionarios” que antes no eran parte del Consejo de Seguridad Nacional: entre ellos, el ministro del Interior, Daniel Palacios; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia [Dapre], Victor Muñoz y la jefatura de gabinete de la Casa de Nariño”, Maria Paula Correa.
Según reveló el periodista Yohir Akerman en una columna escrita para la Revista Cambio, Duque firmó esos decretos el 18 de junio del presente año.
Con dichos decretos, cada uno de los funcionarios tendría acceso a esquemas de forma permanente, además solamente 4 años después se les evaluará si aún están en condición, o no de seguir bajo las medidas de protección estatal y no cada año como dictaba el decreto de 2015
Por su parte, el senador Gustavo Bolívar interpuso la acción de nulidad, con la que se busca que el Consejo de Estado tumbe los decretos y entre tanto conceda unas medidas cautelares para que “mientras se falla de fondo o mientras el presidente entrante, Gustavo Petro, anula los decretos con otros decretos, estas personas no puedan seguir abusando del erario público”.
Según reveló el senador, con las modificaciones que hizo Duque también se vieron beneficiados el consejero presidencial para la seguridad, Rafael Guarin, y el ministro de Defensa, Diego Molano, quienes junto a los funcionarios mencionados anteriormente, tendrían beneficios que a la nación le costarían hasta 200 millones de pesos mensuales.
“por eso hemos interpuesto esta acción de nulidad porque mientras se protege a personas que tal vez no lo necesitan, en los territorios siguen siendo asesinados líderes sociales sin protección”, aseguró el senador.