jueves, julio 18

Guerra jurídica contra Gustavo Petro: Consejo de Estado admitió demanda de activista judicial que busca su muerte política.

El abogado José Manuel Abuchaibe, cercano a los exgobernadores de La Guajira retirados de su cargo por la justicia Francisco ‘Kiko’ Gómez y Oneida Pinto, instauró el pasado 28 de julio una demanda en la que solicita la perdida de investidura del Senador del Movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, por llamar a la desobediencia civil, al no pago de servicios públicos en su columna dominical ‘Sin desobediencia, Colombia deja de respirar’, publicada en este mismo medio. Aunque no había pronósticos favorables sobre la viabilidad de esta demanda, el Consejo de Estado aceptó este recurso que busca la muerte política del senador Gustavo Petro.

Según los argumentos del abogado, Petro violó el régimen de incompatibilidades al valerse de su condición de Senador para proferir juicios contra instituciones estatales y el propio Iván Duque, al que desconoció como presidente de Colombia por la presunta financiación del narcotraficante José Guillermo ‘Ñeñe Hernández’ a la campaña de Duque el 2018.

En su demanda, el abogado Abuchaibe plantea que el Senador progresista “hizo manifestaciones por fuera del establecimiento legal” e “irrespeta la dignidad parlamentaria que obtuvo por ley y que utiliza, dado su reconocimiento e importancia social e institucional, para influir sobre la comunidad, crear pánico y zozobra, además mediante este populismo ‘irresponsable’ busca en el futuro ser elegido presidente.”

Esta demanda se suma al historial de activismo judicial de José Manuel Abuchaibe, quien es reconocido por instaurar las demandas que despojaron de su curul a Antanas Mockus y al Representante a la Cámara por Nariño Hernán Estupiñán Calvache, y de su cargo al exgobernador de La Guajira Hernando David Deluque.

La demanda del abogado hace parte de la andanada de acciones legales a través de la cual el uribismo busca golpear la credibilidad de los liderazgos de la oposición al Gobierno Duque, táctica conocida internacionalmente como lawfare.

De hecho, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica – CELAG, señala que esta táctica consiste en el “uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”, que se ejerce junto a acciones “aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.”

En las próximas horas, Petro será notificado del recurso y tendrá cinco días para responder por escrito sobre las causales que llevaron a la demanda interpuesta por el activista judicial Abuchaibe.

Sobre la demanda del abogado José Manuel Abuchaibe, el senador de Gustavo Bolívar le dijo a Cuarto de Hora que la decisión del Consejo de Estado no puede estar por encima de derecho a protestar. “Cuando uno llama a la desobediencia civil, uno está llamando a un tipo de protesta”

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