Por solicitud de la Fiscalía, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento a dos funcionarios de una IPS en La Guajira, por irregularidades en un contrato cuyo objeto era la atención médica, entrega de mercados y agua potable para resguardos indígenas.
Se trata de Julio Cesar Castillo, gerente financiero y Juan Carlos de la Cruz Ortiz, contador y revisor Fiscal de la Institución Prestadora de Salud (IPS), quienes incurrieron en actos de corrupción durante la ejecución de un contrato suscrito con la Alcaldía de Manaure, La Guajira.
Según el ente acusador, la IPS no contaba ni con la idoneidad ni la capacidad logística requerida para cumplir con el objeto del convenio que contempló atención médica, seguimiento nutricional, entrega de mercados y agua potable a 2.000 familias indígenas de la alta Guajira.
Los funcionarios se habrían apropiado de $2.839 millones de pesos del referido contrato, cuyo costo alcanzó los $8.000 millones de pesos.
Los hechos:
“El material probatorio demostraría que Castillo giró 30 cheques, cada uno por $3.000 millones de pesos, los cuales presuntamente fueron cobrados por él mismo. Hay indicios de que alimentos adquiridos supuestamente por $900.000.000 millones, no llegaron en su totalidad a las comunidades necesitadas. Asimismo, se conoció que los productos comprados fueron facturados con un sobrecosto de 50%”, argumentó la Fiscalía.
Frente a estos hechos, una fiscal dela Dirección Especializada contra la Corrupción, le imputó a los funcionarios del IPS los delitos de interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y cohecho por dar u ofrecer. Los cargos no fueron aceptados.