Este 18 de marzo, Bogotá es escenario de una movilización masiva en apoyo a las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro, particularmente la reforma laboral. La jornada, convocada por sindicatos, la Minga indígena y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), reunieron a trabajadores públicos, ministros y ciudadanos que denuncian un evidente “bloqueo” legislativo contra el Gobierno.
Los manifestantes partieron desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar con la consigna “Ni un paso más, reforma laboral ya”. Para muchos de los asistentes, el Congreso ha obstaculizado las reformas propuestas por Petro, lo que ha generado frustración y descontento.
Ricardo Collazos, trabajador independiente, expresó que el presidente “está solo” y que el Legislativo no ha hecho más que “ponerle trabas” a su administración. En la misma línea, Juan Carlos Chaparro, empleado de la Superintendencia de Industria, afirmó que la consulta popular anunciada por el Gobierno fue una reacción ante la negativa del Congreso a aprobar leyes clave.
Por su parte, el magisterio tuvo una participación destacada en la movilización. Fecode rechazó el hundimiento de la reforma laboral y denunció una crisis en el sistema de salud de los docentes, atribuyéndola a fallas en la administración de recursos por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la Fiduprevisora.
Según la federación, la falta de una ley que reglamente el Sistema General de Participaciones (SGP) ha dejado a la educación pública sin los recursos necesarios para mejorar la infraestructura, contratar personal y garantizar una enseñanza de calidad. En este contexto, el gremio exigió una reforma estructural que asegure una financiación estable y combata la corrupción en la gestión del sector educativo.
En respuesta a la convocatoria, el presidente Petro decretó el 18 de marzo como día cívico para facilitar la participación en las marchas. Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decidió no sumarse a la medida y mantener el funcionamiento normal de las entidades públicas y colegios distritales. Además, advirtió que los docentes que no asistieran a sus trabajos no recibirían remuneración.
A pesar de esta decisión, la ciudad fue escenario de una movilización masiva, con la presencia de aproximadamente 1.200 policías y 300 gestores de convivencia para garantizar el orden público.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que ningún trabajador público o privado debía enfrentar represalias por participar en la jornada. Por su parte, Miguel Pardo, directivo de Fecode, denunció presuntas amenazas por parte de algunos mandatarios locales contra quienes decidieron sumarse a la protesta.
La movilización del 18 de marzo no solo visibiliza el respaldo a las reformas de Petro, sino que también pone en evidencia la polarización entre sectores que defienden sus políticas y aquellos que cuestionan su viabilidad y ejecución. En los próximos días, se espera que el Gobierno y el Congreso retomen el debate sobre la reforma laboral, mientras la presión social sigue en aumento.