Tras varios días de fuerte tensión en San Vicente del Caguán por cuenta de la manifestación de la guardia campesina en contra de la petrolera Emerald Energy, que escaló al asesinato de dos campesinos y un uniformado de la policía, este domingo se pactó un acuerdo de 10 puntos que le pone fin a la confrontación.
Los puntos que se destacan en el acuerdo incluyen la creación de una comisión mixta de derechos humanos, que será presidida por la Defensoría del Pueblo y conformada por el Ministerio de Justicia, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Defensa, representantes de las organizaciones campesinas, además de organismos internacionales como la ONU.
“Esta comisión analizará y acompañará casos que actualmente existen en contra de campesinos de las organizaciones sociales de Meta, Guaviare y Caquetá derivados de contextos de protesta social, en particular hechos sucedidos el día 2 de marzo y del Plan Artemisa (creado en 2019 para proteger los Parques Nacionales)”, explica el acuerdo.
Para dar respuesta a las demandas de la comunidad, el Gobierno se comprometió con la conformación de una mesa técnica en la que convergen el Ministerio de Minas, el ANLA y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la cual se revisará el cumplimiento por parte de Emerald Energy en términos de compensación ambiental y social.
Precisamente, una de las peticiones del campesinado era el arreglo de los tramos viales de San Vicente del Caguán – Los Pozos – Delicias, ante esto el Ministerio de Transporte tiene encargada la recepción de propuestas de las obras de la comunidad, así como la ejecución y seguimiento para que, a través de recursos públicos, se garantice la pavimentación de las vías.
Adicionalmente, atendiendo las demandas sociales de la comunidad, entre las partes se pactó un acuerdo para contribuir al freno de la deforestación en la Amazonía a partir de la promoción de “una economía para la diversidad” que brinde oportunidades laborales a la comunidad en materia de ecoturismo, etnoturismo, transición y reconversión de la actividad ganadera, entre otros.
Sobre lo anterior, también se informó que hay un cese de ejecución del Plan Artemisa, implementado por el Gobierno de Iván Duque que provocó fuertes confrontaciones entre la población civil y los campesinos. Sobre esto, el gobierno se comprometió a trabajar en comunidad para luchar contra la deforestación.
“Se articulará con la Fiscalía para la investigación de los capitales y determinadores de las grandes operaciones de deforestación y acaparamiento de tierras en la Amazonía”, señala el quinto punto del documento.
Finalmente la guardia campesina se comprometió a finalizar la movilización social y retornar a sus lugares de origen durante las 24 horas siguientes a la firma del acuerdo.