El pasado 17 de diciembre, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP dirigió una carta al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, expresando su preocupación “sobre el ambiente de intimidación y autocensura contra la prensa originado en directivas y actuaciones de la Fiscalía y que encuentra respaldo en las manifestaciones públicas del fiscal Barbosa.”
En la carta, firmada por Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, se advierte la falta del cumplimiento del acuerdo asumido por la dirección de la Fiscalía en la reunión pública del 23 de octubre de 202o.
En dicha reunión, se estableció una mesa de trabajo para la creación de una nueva directiva que garantice la protección de la libertad de prensa en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y, en el marco de la investigación, judicialización y sanción penal de delitos en contra de los periodistas.
Sin embargo, su incumplimiento ha traído como consecuencia actos preocupantes, por ejemplo, la reciente orden de inspección de la Fiscalía a los archivos del noticiero Noticias Uno es una acción intimidatoria que pone en riesgo a las fuentes y los trabajadores de este medio de comunicación, según lo señala la FLIP.
Por otra parte, el comunicado expone que otro de los actos de censura que se hacen evidentes tiene relación con las restricciones a organizaciones internacionales para acceder a la información.
La FLIP conoció que a mediados de noviembre de este año cuando Human Rights Watch visitó el país siguiendo su misión de investigar y documentar abusos contra los derechos humanos, de manera insólita se le prohibió reunirse con fiscales en diferentes regiones, es decir que se le limitó de manera injustificada el acceso a la información a esta organización internacional
De manera consecuente, la FLIP solicita a la fiscalía que se pronuncie públicamente sobre su compromiso con la libertad de prensa y “sobre la necesidad de velar por su garantía en el marco de investigaciones penales”; a que instale la mesa de trabajo que prometió llevar a cabo; a dar explicaciones sobre la circular DAI N.005 que podría limitar la información a nivel internacional, y amenazar el “compromiso con la transparencia” y el cumplimiento del art. 23 de la Constitución.