La Fiscalía le imputó cargos a la funcionaria del Ministerio de Relaciones exteriores, Claudia Esperanza Amaya Vargas, por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Según un comunicado del ente acusador, los tres contratos fueron firmados entre septiembre de 2016 y enero de 2018 por el Ministerio de Relaciones Exteriores cuyo valor ascendió a 828 millones de pesos y el objetivo era adquirir y poner en funcionamiento de un sistema único integrado para la gestión de documentos electrónicos.
Dentro de las irregularidades encontradas por la Fiscalía está que los contratos fueron entregados de manera directa por falta de oferentes. Frente a esto, Amaya Vargas certificó el cumplimiento de todas las obligaciones en el informe final de supervisión e interventoría, omitiendo las observaciones o recomendaciones que evidenciaran el incumplimiento.
“El material probatorio recaudado por la Fiscalía indicaría que la investigada, posiblemente, se concertó con un particular y otro servidor público para asumir funciones de sus superiores, otorgando paz y salvos de los convenios en mención, sin que se ejecutaran. En ese sentido, la entidad sufrió un detrimento patrimonial por valor de $399 millones”, reza en la comunicación de la Fiscalía.
La funcionaria involucrada en este caso se encontraba dentro de la Dirección Técnica de la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales.
Por el momento, se conoce que Amaya Vargas no aceptó los cargos en la audiencia. Es probable que este caso conlleve a la imputación de cargos a otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y a particulares.