En una nueva investigación de la Nueva Prensa, determinaron que la Fiscalía General de la Nación se ha negado en utilizar el Convenio Relativo a la Asistencia Judicial en materia penal que Colombia firmó con Corea del Sur, el objetivo es determinar cómo Carlos Mattos Barrero obtuvo de manera ilícita 33 millones de dólares.
El magistrado Alberto Poveda, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, fue quien dio la orden de establecer los pormenores de esa y otras operaciones ilícitas de Mattos.
Por su parte, el ex empresario señalado por el caso Hyundai debe poner a disposición del Estado colombiano el dinero, para que con el sean reparadas las víctimas de este caso.
Entre tanto, el medio antes mencionado tuvo conocimiento de que los fiscales del caso identificados como Daniel Hernández y Álvaro Betancur, se han negado a obtener dicha información y a hacer uso de un convenio que fue firmado en el 2009 y vigente desde diciembre de 2012.
A su vez, la Fiscalía niega entregar información del por qué la orden del Tribunal no ha sido ejecutada por medio de la Oficina Internacional de este órgano, pese a que es la única dependencia autorizada y experimentada para hacer estas gestiones.
Fuentes cercanas al medio citado con anterioridad, dataron que Mattos se encuentra negociando en la sombra de la Fiscalía otros beneficios, uno de ellos es un preacuerdo con este ente y espera que para febrero del próximo año esté libre y regrese a España.
Resta conocer que el pago de los 33 millones de dólares, que con base en las investigación, fue conocida por parte de el abogado Jaime Lombana, defensa de una empresa ecuatoriana llamado Grupo Eljuri, agremiación que obtuvo los derechos exclusivos en Colombia de Hyundai Motor Company, beneficio que Mattos había tenido durante años.
Según la fuente, lo que hizo Mattos en un afán de impedir que el grupo ecuatoriano pudiera hacer uso de la nueva franquicia, consiguió a dos jueces corruptos, que le dictara al Eljuri medidas cautelares que les prohibían comercializar en Colombia productos de la marca Hyundai.
Por lo anterior, Grupo Eljuri aceptó pagarle a Mattos los 33 millones de dólares por fuera de controles fiscales.
Pero la cabeza de las medidas cautelares, según la Nueva Prensa, fue por parte del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, quien para ello pactó con Mattos una comisión cercana a los 4 millones de dólares, sin embargo, el empresario privado de la libertad se negó a ponerla.
Recordemos que en los últimos días, Carlos Mattos fue señalado de acosar sexualmente a presos que se encuentran con él en la cárcel de Combita, también pesan en su contra denuncias de abuso sexual en contra de menores en Cartagena y España.