En un impactante informe publicado por el medio CAMBIO, se han desvelado detalles cruciales sobre la imputación de 25 uniformados por la muerte de varias personas en un operativo militar en Putumayo, Colombia. Según el informe, la investigación conjunta de CAMBIO, El Espectador y Vorágine arrojó que el gobernador indígena Pablo Paduro fue asesinado en estado de indefensión, mientras que un fusil fue plantado cerca de su cuerpo para presentarlo como guerrillero. Otros civiles, incluyendo al presidente de la Junta de Acción Comunal Divier Hernández y su esposa embarazada Ana María Sarrias, también fueron asesinados.
La investigación reveló que el operativo, que contó con el respaldo del entonces presidente Iván Duque y otras figuras, terminó en una masacre donde el Ejército habría asesinado a civiles y manipulado la escena. La Fiscalía ha confirmado esta tesis, destacando que el arma encontrada cerca del cuerpo de Pablo Paduro nunca fue accionada ni manipulada por él, lo que sugiere que fue plantada para desviar la investigación.
El informe también señala que varios de los fallecidos habían consumido licor, lo que hace inverosímil que hubieran estado involucrados en un combate con el Ejército. En lugar de ello, se encontraban en estado de indefensión. La indagación concluyó que 11 personas murieron y se encontraron cinco armas, lo que sugiere que al menos seis de los fallecidos no tenían capacidad para disparar contra el Ejército.
La Fiscalía presentará un escrito de imputación en una audiencia, acusando a los 25 uniformados por homicidio en persona protegida y homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, la audiencia ha sido pospuesta debido a una controversia sobre la competencia judicial. Aunque el juez aceptó enviar el caso a la Corte Constitucional, se ha generado críticas, ya que previamente la misma Justicia Penal Militar había remitido el caso a la Fiscalía. El expediente ahora espera una decisión de la Corte antes de que se agoten los términos procesales.