Por: Heidy Sánchez / Concejal de Bogotá por la Unión Patriótica (UP)
Han sido 11 meses difíciles para las y los colombianos producto de la pandemia del COVID-19. Esta, de manera indiscutible generó impactos negativos principalmente para aquellos países en vía de desarrollo como el nuestro. Un país desigual donde los esfuerzos en términos de bienestar son dirigidos a aquellos que cuentan con los medios económicos y de producción, evidenciando la concentración de la riqueza en manos de unos pocos mientras la población sufre condiciones lamentables bajo los límites de la pobreza.
Colombia a la fecha registra 2.195.039 contagiados y la lamentable cifra de 57.605 fallecidos. Si bien es cierto que era imposible predecir de manera exacta el comportamiento de la pandemia, su manejo y consecuencias hubiesen sido otras de haber contado con un sistema de salud público robusto que cumpliera con las condiciones necesarias para responder ante la crisis. La presencia y propagación del COVID-19 permitió demostrar las graves falencias del sistema de salud colombiano, al no contar con cobertura, financiación, personal especializado, infraestructura física, medicamentos, entre otros, que resultan ser algunas de las principales causas de la pérdida de vidas en esta emergencia.
No obstante, hay que decir que el COVID-19 no ha sido el único culpable de la muerte masiva de colombianos. Por un lado, se viene multiplicando indiscriminadamente la persecución y el asesinato de líderes y lideresas sociales, como de excombatientes de las FARC-EP y, por otro, de manera inaceptable ha crecido el número de mujeres desaparecidas, víctimas de violencias y de FEMINICIDIOS.
Los registros de hechos de violencia contra las mujeres
En Bogotá durante 2020 la Línea Púrpura Distrital atendió 35.917 llamadas, con 1.482 mujeres en riesgo de feminicidio y del mismo modo las Comisarías de Familia atendieron a 20.273 mujeres víctimas de violencia. Según la Policía Nacional entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020, cada día 220 niñas y mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar; registros que se incrementaron a causa del confinamiento. Asimismo, con base en los registros de la Fundación Feminicidios Colombia se reportaron 227 feminicidios, 33 de estos contra niñas y adolescentes.
Igualmente, en lo que va de 2021 ya son 38 casos de feminicidios a nivel nacional; sin contar que existen otros hechos en proceso de verificación. Es inconcebible que 5 de estos crímenes han sido contra niñas entre los 4 y 15 años y otros 5 en contra de mujeres trans.
Resulta desgarrador imaginar que alguien sea tan cruel e indolente como para quitarle la vida a una niña o una mujer. Así ocurrió, con María Ángel Molina Tangarife, niña de 4 años violentada sexualmente y asesinada o con Maira Alejandra Orobio de 11 años, quien fue torturada, violada y asesinada. También está el caso de Luz Estela Sánchez de 50 años, quien fue asesinada por su hijo cuando le pidió que apagara la luz o el de Greicy Concepción Caicedo, quien a sus 33 años fue víctima de su pareja luego de reclamarle que no le quitara dinero de su bolso.
Esto nos llena de interrogantes puesto que parece insuficiente la capacidad de la justicia para atender las violencias basadas en género. Así las cosas, el Estado termina siendo cómplice de hechos violentos con finales fatales, que en muchos casos hubieran podido evitarse al garantizar la atención oportuna a las denuncias que se realizan ante las instituciones respectivas.
Desapariciones diarias
Todos los días en el país registran desapariciones de mujeres y niñas, las cuales en algunos casos por fortuna no resultan ser víctimas de feminicidio y logran reencontrarse con sus familias. Claro está, otras de ellas no escapan a la violencia sexual, física e indiscutiblemente psicológica, con marcas para el resto de sus vidas y con secuelas imborrables. Cada vez que ocurre un nuevo caso de vulneración hacia una de nosotras, las demás sentimos temor al imaginar tan solo la posibilidad de cruzarnos con algún victimario que atente contra nuestra integridad.
La necesidad de las transformaciones sociales
Lamentablemente vivimos en una sociedad que históricamente ha sometido a las mujeres a la realización de las tareas del cuidado y la responsabilidad reproductiva, limitando nuestra participación como ciudadanas con derechos políticos, sociales y económicos. A propósito, el DANE revela que las mujeres en Colombia que no cuentan con ingresos propios son el 27,5%; casi el triple de los hombres que es de tan solo el 10,5%. Esto evidencia la feminización de la pobreza que se plasma en la dependencia económica de las mujeres a sus parejas, quienes incluso utilizan la condición de proveedores para manipular e infligir violencia intrafamiliar.
Si no logramos cambios estructurales en la sociedad y una transformación cultural que resignifique el papel y la importancia que cumplimos las mujeres, continuaremos siendo sometidas a la violencia psicológica, económica y física, que en los peores casos conlleva a la muerte.
Las mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidios son mucho más que cifras, son rostros, voces y símbolos de una lucha incansable por la equidad de género en un país donde prima la cultura machista que no respeta sus derechos. Por cada una de ellas hoy juntamos nuestras voces y nos sumamos a la campaña LUTO NACIONAL POR FEMINICIDIOS, exigiéndole a la Nación y a los gobiernos locales que no normalicen estos hechos y extremen las medidas para prevenir, combatir y eliminar todo tipo de violencias basadas en género, velando por que cada rincón del país sea un espacio seguro para nosotras.
¡NI UNA MENOS!