Cerca de 94 personas, entre excombatientes y sus familias, tuvieron que abandonar del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Ituango por la violencia que azota esta parte del país. El municipio Mutatá, en Antioquía, será su nuevo hogar.
Las condiciones para la reincorporación de excombatientes de las Farc han sido un impedimento para alcanzar ese cometido, tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
En medio de las amenazas, el exterminio sistemáticos y el abandono del Gobierno Nacional, los firmantes de la paz han avanzado en su tránsito a la legalidad en los espacios territoriales de reincorporación.
En este caso puntual de la zona de reincorporación de Ituango las condiciones de seguridad han sido complejas para los excombatientes, debido a la presencia de diferentes grupos armados que están en la zona. Frente eso y por el inminente riego que corren sus vidas en ese espacio, los hicieron abandonar el caserío y salir hacia Mutatá (en el sur de Urabá) a buscar un nuevo proyecto de vida.
El desplazamiento forzado de 93 reincorporad@s y sus familiares desde la ETCR de Santa Lucía en Ituango es la imagen más crítica y dantesca del tratamiento del Uribato al proceso de paz.
Y no solamente es traición a los acuerdos, es una manifestación de su fervor por la guerra. pic.twitter.com/Luh66bYDBb
— Camilo Álvarez B (@CamiloAlvarezB) July 16, 2020
“Los firmantes de paz están abandonando Santa Lucía porque el Gobierno no garantiza su seguridad y su vida”, afirmó en Twitter Ómar Restrepo, representante a la Cámara del partido Farc, quien calificó lo ocurrido como un “desplazamiento forzado.
El traslado es una medida concertada entre el Gobierno Nacional y el componente Farc, respalda por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Gobernación de Antioquia, las alcaldías de Ituango y Mutatá, la Diócesis departamental, miembros de la fuerza pública, la Defensoría del Pueblo y la ARN.
Los reincorporados se instalarán en el caserío La Fortuna, que hace parte del municipio de Mutatá. Los predios suman una extensión de 137 hectáreas que el Gobierno tomó en arriendo por un año para los excombatientes. Allí en ese lugar se desarrollan los proyectos de vivienda y productivos en el marco de la Política de Paz con legalidad.