La Superintendencia de Servicios confirmó la sanción de $1′817 millones a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por no iniciar la operación de la planta hidroeléctrica el 1 de diciembre del 2018, fecha que había quedado agendada para ese fin.
La multa fue impuesta a través de la Resolución 20222400034375 del 31 de enero de 2022, con la que la superintendencia resolvió el recurso de reposición presentado por EPM, asegurando que el aplazamiento de la fecha programada para el inicio de labores de la hidroeléctrica generó incumplimiento regulatorio, al igual que un riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica en el país.
“Debido al retraso en la puesta en operación de Hidroituango, la empresa incumplió la fecha de inicio del periodo de vigencia de las Obligaciones de Energía en Firme, que le fueron asignadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en subasta realizada en junio de 2008″, señaló la Superintendencia en un comunicado.
Por su parte, la superintendente Natasha Avendaño señaló que “EPM incumplió los artículos 25 y 85 de la Ley 143 de 1994, así como el artículo 7 de la Resolución CREG 071 de 2006 que establece obligaciones especiales a los agentes con plantas y/o unidades de generación nuevas o especiales, entre ellas el cumplimiento de la entrada en operación de los proyectos en las fechas asignadas en las subastas”,
Por último, la entidad aclaró que ante esta resolución no procede ningún recurso y queda en firme la multa por $1.817 millones que debe pagar EPM dentro de los diez días siguientes a la fecha ejecutoria del acto administrativo.