Buena suerte en la repatriación de los tesoros indígenas. En días pasados retornó al patrimonio nacional un lote de 115 piezas que pertenecían a una colección privada. Eldiario El Espectador cuenta que su antiguo propietario, un destacado académico y empresario de medios, se hizo con los vestigios durante una estancia en la Amazonía colombiana como integrante de los Cuerpos de Paz. Fallecido él, su hija contactó a la embajada de Colombia en Washington y donó el tesoro que esperamos sea exhibido pronto en alguno de los museos públicos del país. Ojalá este hecho sirva como ejemplo e impulso a los nacionales (muchos y no pocos residentes en Colombia, entre ellos un expresidente de la República) y extranjeros para que hagan lo propio y con ello aseguren la preservación de la historia, la adecuada conservación del patrimonio cultural por manos expertas, y la divulgación del legado de nuestros antecesores.
Vemos con curiosidad, pero no porque sea sorpresivo, que ya haya quienes le estén buscando la caída a Gregorio Eljach. La última tuvo que ver con su edad y con la solicitud que presentó para el reconocimiento de la mesada pensional a la que tendría derecho por haber reunido los requisitos legales. Aun cuando se trata de una práctica común y perfectamente lícita, para El Espectador resultó noticioso –al punto de incluirlo en las notas confidenciales de la contraportada en la edición dominical– que el procurador electo haya iniciado el trámite de su pensión y a la par solicitado, de darse el reconocimiento, la suspensión del pago de la mesada por aprestarse a recibir un salario proveniente del tesoro nacional en su nuevo cargo. Ni insólito, ni extraño y a nuestro juicio ni siquiera noticioso, pero que en ello se gaste tinta –y con recargo dominical– da cuenta de que las aguas por las que tendrá que navegar el ministerio público están tan intranquilas como enrarecidas.
Igual de llamativo, aunque esto sí noticioso, la pregunta que se repitió en casi todas las entrevistas al procurador electo y que, si la memoria nos sirve bien, iba por las líneas de si coincidía con el presidente en lo relativo a las capacidades sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación. Basta con decir que la pregunta estaba mal formulada y que al proponerla en debida forma se comprueba que es, a lo sumo, innecesaria. Si se hubiere formulado correctamente, la cuestión es si el procurador electo acatará los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia que vincula al Estado colombiano y que en una conducta fraudulenta –casi temeraria– han sido infringidos por el Legislativo y por la Corte Constitucional, dejando a un despacho del Consejo de Estado como el único que ha satisfecho las órdenes y reconocido la incompetencia del ministerio público para privar a un ciudadano de sus derechos políticos.
Visto lo anterior, nos causan inquietud las respuestas del procurador electo a estas preguntas. La ambigüedad deliberada de sus respuestas, sumada a un par de expresiones que dejan entrever su desacuerdo con la interpretación del Consejo de Estado –entrando en conflicto con su propia tesis expuesta al Senado previo a la elección y según la cual busca armonizar las interpretaciones, por demás incompatibles, de la Corte Constitucional y de la Interamericana– podrían llevarnos a cuatro años más de un ministerio público que abusa de sus funciones y viola derechos convencional y constitucionalmente protegidos, en desacato de una orden judicial y con dolo de infringirlos puesto que la capacidad de daño de este proceder se encuentra probado y demostrado hasta la saciedad.
Adenda: para los ingeniosos que estén pensando en “tumbar” al procurador electo por su edad, recuerden que al terminar su periodo constitucional aún no habrá alcanzado la edad de retiro forzoso y le quedarán diez meses de vida antes de esa injusta e infundada proscripción del servicio público.
Adenda dos: poderosa muestra de reconciliación sería la firma del acuerdo de restitución de baldíos y venta voluntaria de una parte del latifundio El Ubérrimo entre el expresidente Uribe y el presidente Petro. Confiamos en que las partes llegarán a ello, dado que negociaron por varios meses con sigilo y alcanzaron –según información publicada en medios– acuerdos sobre los elementos esenciales del negocio, y por ello no debería afectarse la seriedad del mismo por hechos incidentales y disputas propias de la discusión pública entre dos líderes políticos. Nuestras felicitaciones al presidente Petro y al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, por estas gestiones que exhiben la voluntad real, sincera y manifiesta del gobierno para alcanzar un acuerdo nacional con todos los sectores, incluso con su antípoda y otrora perseguidor de la izquierda democrática.
Adenda tres: se requiere con urgencia pedagogía clara sobre los procesos e intentos por alcanzar el desarme de organizaciones criminales y la paz definitiva. Poco se sabe de fuentes autorizadas y lo mínimo que se publica en la prensa proviene de individuos oscuros, cuando no desconocidos. La desinformación está haciendo de las suyas y podría comprometer hasta la permanencia de las mesas de conversación.
¡Hasta la próxima!