Por: Gabriel Becerra Y, magister en estudios políticos e internacionales, columnista de Semanario Voz y Cuarto de Hora.
En Colombia se considera joven a una persona entre los 14 y 28 años, por lo menos así lo define la ley 1622 de 2013 por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil. En términos demográficos los jóvenes constituyen un grupo significativo dentro de la totalidad de la población colombiana; para finales del año 2020, según cifras del DANE, se estimaba una población de casi once millones de jóvenes entre los 14 a los 26 años. Este número representaba el 21,8% de los habitantes del país para ese entonces. El estudio también señalaba que el 76% de esa población juvenil vivía en cabeceras municipales y, en el caso de Bogotá, los jóvenes representaban un 21,56% de su población total. Las cifras hoy, aunque han variado, se mantienen similares, lo que nos indica que la población juvenil colombiana es uno de los sectores poblacionales claves para entender lo que pasa en el país en materia social, económica y política.
Cifras más recientes del DANE (marzo 2021) en relación con la situación socioeconómica juvenil indican una tasa de desempleo para personas entre los 14 y 28 años del 23.9%, esto sumado a las dificultades para acceder a la educación, la inseguridad, la vulneración de derechos y libertades, la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia y la falta de representación juvenil en los escenarios de toma de decisiones han causado un elevado sentimiento de frustración e indignación de este grupo poblacional. Sentimientos que se vienen canalizando en los ejercicios de movilización y protesta que han tenido su punto máximo de explosión en el Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021 y hoy completa 47 días ininterrumpidos donde los jóvenes han sido el actor principal. Ante una realidad nacional agobiante que le cierra todas las puertas a la juventud; que no le permite la “consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural”[1], y que niega cualquier posibilidad de futuro digno a la mayoría de los jóvenes colombianos, estos han tenido que levantarse y salir a las calles a exigir los derechos negados históricamente.
En el caso bogotano, y según los resultados expuestos en la encuesta realizada por la Veeduría Distrital presentada a inicios del mes de junio, se pueden señalar dos problemáticas generales. Por un lado, los encuestados sienten que su futuro es incierto a pesar de sus esfuerzos por educarse y, por otro lado, sienten frustración con las acciones del gobierno distrital para atender los reclamos de las movilizaciones. Mientras que los discursos oficiales, tanto del gobierno nacional como el distrital, apuntan a desincentivar la movilización, los jóvenes en Colombia enfrentan la falta de oportunidades día a día y sus justos reclamos son enmudecidos, ignorados y, en el mejor de los casos, minimizados. Del gobierno Nacional no hay mucho que esperar; pero, del gobierno Distrital, un gobierno que se ha autoproclama “alternativo”, este tipo de actitudes negacionistas y prepotentes no solamente rompen con su pretensión de alternativa de poder, sino que también ha ocasionado que los jóvenes tengan una idea negativa de la administración de Claudia Lopez. Por ejemplo el 81,2% de los encuestados considera que el distrito no está apoyando ni la participación, ni la ocupación del tiempo libre, ni la formación, ni da incentivos de empleo; a esto hay que añadirle que con respecto de las medidas tomadas por el distrito durante estas jornadas de movilización el 97,6% se siente retado y temeroso del Gobierno Distrital.
Ante este vacío de legitimidad institucional los jóvenes han visto una luz de esperanza en los ejercicios de movilización y organización popular que se han configurado en el marco del Paro Nacional. Aunque del número total de jóvenes encuestados tan solo el 8,9% es parte de algún ejercicio organizativo, la mayoría se sienten recogidos en las reivindicaciones del Paro. Además, el 71,7% se siente representado por alguna de las personas que lideran las movilizaciones. Esto contrasta con el alto porcentaje de rechazo y desconfianza de los jóvenes encuestados con respecto de la administración Distrital. Ante esto, y de manera poco asertiva, Claudia Lopez ha intentado llegar a los jóvenes que se encuentran en las calles reclamando justicia social y económica. La falta de claridad y transparencia por parte del distrito en temas relacionados con el actuar de la fuerza pública y los intentos de abrir diálogos dividiendo al movimiento popular han generado más malestar que alivio.
Dentro de las conclusiones que saca la Veeduría Distrital del análisis de los datos que arrojó la encuesta se destacan las siguientes: los jóvenes expresan pocas o nulas oportunidades laborales, independientemente de su nivel académico o experiencia; no sienten que sean considerados para las decisiones que puedan afectar su futuro; los niveles de corrupción cada día son mayores y afectan cada vez a más colombianos; no se sienten seguros en su propio barrio; sienten que cada día se vulneran más sus derechos; sienten frustración al no saber si van a poder costear los pagos de su educación, y algunos jóvenes piensan que la pobreza se hereda. Esta frustración que además se traduce en desconfianza institucional los jóvenes la han convertido en digna rabia movilizada: marchas, bloqueos, tomas culturales, performance, arte urbano, cacerolazos, memes, ollas comunitarias, primeras líneas, asambleas, entre otras. A través de este repertorio diverso y masivo la juventud colombiana expresa su malestar pero, sobretodo, toma las riendas de su momento histórico.
Los jóvenes siempre han sido rebeldes, por eso dice el viejo adagio que “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción”, no obstante, esta generación de jóvenes ha decidido ir más allá de su rebeldía natural y ha iniciado la construcción de un país radicalmente distinto desde múltiples escenarios. Estamos ante una juventud que no se encierra en sus debates generacionales sino que se arroja decididamente a posibilitar el diálogo diverso del campo popular para construir una era diferente para todos los colombianos. La virtud de esta juventud es que ha mirado su pasado para aprender, para honrar a los y las luchadoras que la antecedieron y, sobre todo, para construir caminos de transformación más efectivos y amplios. Los jóvenes de hoy son jóvenes rebeldes, pero son sobre todo jóvenes con vocación de tomar las riendas de su destino. Las movilizaciones de hoy exigen que las instituciones y los gobernantes de turno viren sus políticas nocivas, pero mayoritariamente exigen que los gobiernos y los gobernantes no sean los mismos. La juventud colombiana rechaza rotundamente que otros decidan por ella, que unos pocos decidan por todo el país.
La encuesta de la Veeduría Distrital partía de la siguiente pregunta ¿qué quieren los jóvenes de Bogotá? Podemos decir, sin equivocación alguna, que los jóvenes quieren cambios profundos en materia económica, social, política y educativa. Cambios que los jóvenes mismos están dispuestos a desarrollar pues la política y los políticos tradicionales son totalmente incapaces de llevarlos a cabo. No obstante, la juventud actual ha comprendido que estos cambios profundos no se agotan en una u otra forma de organización y acción política. No es suficiente la asamblea popular, como no basta con las elecciones. Es necesario estar en las calles y en las asambleas populares, así como es necesario construir plataformas y frentes unitarios que disputen el poder del estado en las elecciones de 2022 y 2023. Esto lo entiende muy bien la juventud de hoy, un ejemplo de ello, remitiéndonos de nuevo a la encuesta de la Veeduría Distrital, está en que el 92,6% de los jóvenes encuestados piensan salir a votar en las próximas elecciones, es decir, para ellos no hay contradicción entre el ejercicio de protesta en las calles y la organización para elegir nuevos liderazgos que garanticen un cambio en el Estado.
Finalmente, la sociedad colombiana en su conjunto ha comprendido mayoritariamente el mensaje de cambio. La legitimidad que goza el Paro Nacional, así como la legitimidad de los jóvenes en su pelea es histórica. No existe poder mediático ni dinero que logre desvirtuar la justicia que subyace en los reclamos y reivindicaciones que en esta movilización han estado presentes. Para la mayoría es claro que quienes ejercen el terror y el crimen no son los manifestantes, sino el Estado colombiano que ha salido con todo su arsenal a asesinar a su pueblo. Los jóvenes y la sociedad en su conjunto tienen que seguir cuidando y potenciando este momento de unidad popular; deben procurar organizarla en diversos espacios que comprendan las características y posibilidades de la gente, y deben ser capaces de aceptar y, en esa medida, articular todos los escenarios de lucha posibles con el fin de transformar la unidad popular en poder popular.
[1] Ley 1622 de 2013