Cuarto de hora | El mandato popular es desmontar el ESMAD

Por: Heidy Sánchez

Ha sido tema de discusión la propuesta que, en una entrevista con Noticias Caracol, presentó el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, que se sintetiza en la transformación del ESMAD en la denominada “Unidad de diálogo y acompañamiento a la manifestación pública”.

No es un tema menor, la sociedad colombiana aún tiene en su memoria vivas las múltiples imágenes de brutalidad policial cometidas en el marco del paro nacional, violaciones a los derechos humanos que fueron documentadas por múltiples organizaciones de DDHH y que abren el debate que hoy estamos viviendo. Por ejemplo, a mediados de 2021, Human Rights Watch, una reputada organización internacional de defensa de los derechos humanos reportaba:

“Human Rights Watch obtuvo evidencias creíbles que indican que la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales a Human Rights Watch, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar”^[1].

Cifras y recomendaciones que eran confirmadas a finales del mismo año por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas:

“Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76% de las víctimas murieron por heridas de bala.

Según la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. Actores no estatales habrían matado a 10 personas, mientras que no existe información suficiente para establecer la autoría de la muerte de ocho personas”^[2].

Al respecto, lo primero es mencionar que el debate que está de fondo es cómo reacciona el Estado a un fenómeno como la protesta social que, no solo es un hecho presente en la vida cotidiana de cualquier país, sino que, en el nuestro, es un fenómeno creciente durante los últimos 50 años. Teniendo esto como premisa, nos alejamos de cualquier postura que tenga como objetivo la regulación de la protesta, por una sencilla razón: no es la labor del Estado decirle a la gente cómo protestar (al estilo de Claudia López) sino entender las razones por las cuáles la gente protesta y darles solución.

Por lo anterior, lo primero que deberíamos pensar al debatir sobre la protesta social no es en cómo reacciona la Policía, sino en cómo reacciona el Estado en su conjunto para atender a una población que exige y demanda acciones de su parte. Celebramos, en ese sentido, la manifestación hecha por el general Sanabria, en el sentido en que la intención del gobierno es que no sea la Policía Nacional la primera entidad que atiende una manifestación, sino las instituciones gubernamentales de cada ente territorial, en perspectiva de procurar un diálogo, no sin anotar que ese diálogo no sirve de nada si se circunscribe a preguntarle a las y los manifestantes por dónde van a ir o qué espacio van a ocupar; lo que fundamentalmente debe procurarse es entender por qué se protesta y cómo se gestiona un escenario de diálogo para buscar la solución.

Esto, por demás, implica una serie de reformas legislativas que apunten a despenalizar la protesta social: se han producido una serie de reformas al código penal, especialmente durante la última década que tienden a penalizar fenómenos que se presentan en el marco de las manifestaciones, eso merece una profunda discusión en el Congreso de la República, hasta dónde la capacidad punitiva del Estado es la respuesta ante este fenómeno o, más específicamente, ese contexto.

Ahora, nadie niega que escenarios de la protesta social que se tornan violentos y que ahí debe haber una acción de la fuerza pública ¿Cuál acción? Pues bien, el mandato popular que ganó en las urnas y que debe ser respetado y acatado fue desmontar el ESMAD, y eso no se soluciona con las reformas cosméticas propuestas por el general Sanabria. El ESMAD no es solo un cuerpo específico dentro de la Policía -que debe suprimirse- y unos uniformes especiales, el ESMAD son protocolos, mecanismos de entrenamiento, perfiles de incorporación, determinado tipo de armamento y su uso, todo ello montado sobre la lógica de enemigo interno que debe eliminarse si lo que se quiere es cumplir con el mandamiento democrático.

Todo eso tiene que abolirse y rehacerse antes de replantearse qué cuerpo de la fuerza pública atiende las situaciones de violencia, por supuesto, desde un enfoque de derechos humanos que implica que estos escenarios son situaciones por contener, y ciudadanos a los cuales hay que garantizarles derechos, no un adversario al cual hay que derrotar.

Desmontar el ESMAD es, en resumen, atención prioritariamente civil a la protesta desde una perspectiva de diálogo y, en última instancia, el uso de la fuerza para la contención y la garantía de derechos, una vez se haya eliminado todo vestigio de la doctrina policial que ve a los manifestantes como enemigos.

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