Así lo confirmó la presidencia luego de un consejo de ministros que se llevó a cabo este fin de semana en el que volvió a encenderse el debate sobre los cambios estructurales que necesita el actual sistema de salud.
En dicho encuentro, la ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó al gabinete la base fundamental de la reforma a la salud, la cual, recordemos, ha sido cuestionada desde diferentes sectores, incluso de miembros del gobierno. “La discusión y análisis de la reforma se centró en la garantía necesaria de la salud como un derecho fundamental, el incremento del acceso, los modelos de transición hacia un nuevo sistema y la adopción de medidas para la mejora de indicadores de vida, a través de la atención primaria”, recalcó la Presidencia en su comunicado.
Según se ha conocido, hasta el momento el escrito plantea un cambio sustancial del modelo de la Ley 100 “en la cual el Estado entregó el manejo de los recursos públicos de la salud al sector privado a través de unos intermediarios (las EPS) que son las que manejan los recursos públicos de la salud. El proyecto busca que sea el Fondo Público Único y la Adres que es su administradora, quienes manejen estos dineros”, según señaló recientemente Pedro Santana, vocero de la Comisión de Seguimiento a la sentencia con la que se busca reformar el sistema de salud.
Lo anterior, según Santana, no se traduce en la eliminación de las EPS, pues lo que se propone es que estas sigan en funcionamiento, pero sin que manejen los recursos públicos destinados a la salud
Sobre esta reforma el presidente Gustavo Petro ha insistido en que se trata de “basar el sistema de salud en un modelo de prevención y atención primaria que se prioriza tal como lo indican los convenios internacionales”.
En ese sentido, el Gobierno Nacional se comprometió en definir detalles y consensos para socializar el texto final con la ciudadanía y la comunidad médica y presentarlo ante el Congreso de la República en las sesiones extraordinarias el próximo 6 de febrero.