Por: Heidy Sánchez
Desde el comienzo de nuestra gestión en el Concejo de Bogotá, es decir, desde el 2020, hemos venido insistiendo en que uno de los balances más críticos de la administración de Claudia López es el manejo de los humedales de la ciudad, y lo hemos venido diciendo desde el principio porque desde que comenzó su administración la alcaldesa ha venido incumpliendo con lo que prometió en campaña, les mintió en la cara a los ambientalistas de la ciudad y se dedicó a hacer todo lo contrario de aquello a lo que se comprometió.
Por suerte el tema quedó por escrito, la entonces candidata Claudia López suscribió con varios líderes ambientalistas de la ciudad lo que se denominó el “Acuerdo Programático por el Medio Ambiente”, en él, se afirmaban cosas como:
«Durante el gobierno de Enrique Peñalosa se han tomado decisiones que ponen en riesgo la Estructura Ecológica Principal – EEP de Bogotá, que van desde las obras que se adelantan en los humedales para implantar ciclorrutas y otras superficies duras hasta la propuesta, incluida en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial POT, de convertir esa Estructura en espacio público para recreación activa, lo cual afecta la capacidad de la misma para prestar los servicios ambientales de los que depende la viabilidad socio-ecosistémica del territorio.
Estas decisiones que afectan la integridad y la función de la Estructura Ecológica Principal, son aún más graves hoy, en tiempos de una crisis climática cada vez más evidente y más aguda, que nos exige tomar mayores y más efectivas medidas de protección de los ecosistemas y demás actores y factores que regulan los extremos climáticos, fortalecen la capacidad para resistir el impacto de esos efectos y garantizan la calidad de vida -e incluso la supervivencia misma de los habitantes».
Y como consecuencia de estos razonamientos, la candidata López se comprometió, en el numeral 6 de este acuerdo a
«Detener todas las obras de endurecimiento de los humedales, en cumplimiento de las normas y políticas nacionales y distritales que la Alcaldía de Enrique Peñalosa ha desconocido, y hacer acuerdos con los contratistas para ajustar los proyectos hacia objetivos de restauración, de conformidad con las condiciones de cada contrato».
Pues bien, durante su administración, la alcaldesa se ha dedicado a hacer todo lo contrario y, bajo el vacío sofisma -muy de moda para evadir responsabilidades políticas- de “construir sobre lo construido”, le dio continuidad a sin sentidos como construir un puente sobre un humedal. A ese conjunto de proyectos de endurecimiento la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) llama “Macroproyecto de corredores ambientales”.
Por ejemplo, en ese macroproyecto se incluye el denominado parque lineal del Jaboque, consistente en una serie de pasarelas elevadas, para no “endurecer” el humedal y que el agua circule por debajo, y unas torres de observación de aves. Eso no es otra cosa que un descarado retorcimiento del uso condicionado que establecía el Plan de Manejo Ambiental (PMA) al habilitar la posibilidad del “desarrollo de la infraestructura para la educación ambiental y recreación pasiva”.
¿Cuál es el problema? El problema es que para construir esas pasarelas elevadas “que no afectan el humedal” se tiene que desarrollar un proceso de pilotaje, es decir, enterrar columnas de concreto en el humedal para, sobre ellas, erigir las pasarelas.
Eso es la definición de fragmentación ecosistémica, por un lado un humedal, como componente del sistema hídrico, es esencialmente una porción de tierra afectada y permeada por el agua, una especie de esponja que absorbe toda el agua que baja desde los cerros, y aquí se le están enterrando varias columnas cementando esa esponja y, por el otro, un humedal es un ecosistema en el borde del cuerpo de agua, en donde habitan especies vegetales y de pequeña fauna (en este humedal, según el PMA, 653 especies, de las cuales 105 son atribuidas a la fauna silvestre vertebrada) y lo que se aprobó fue la construcción de un gigantesco obstáculo encima.
Esta obra, que iba iniciando cuando empezó la administración de la Alianza Verde, y que se habían comprometido a detener o modificar, está hoy terminada, según certifica la EAAB (tanto el contrato 1408 de 2018 correspondiente al borde norte, como el 1455, correspondiente al borde sur), con un porcentaje de ejecución de la obra, para el caso del borde norte, correspondiente a un 99%. Es decir, poco hizo esta administración para “detener las obras de endurecimiento en este humedal”.
Pero el caso más grave está en el humedal Juan Amarillo o Tibabuyes por varias razones: primera, por la magnitud de la obra, de los más de $ 8.300 millones asignados al macroproyecto de corredores ambientales, 5.800 los tienen las obras del humedal Juan Amarillo, es decir, a este humedal se dedican casi el 70% de los recursos de esta apuesta de endurecimiento.
Segunda, por la naturaleza de la obra, ¿a qué se dedican esos casi $ 6.000 millones? A construir corredores en cemento y ladrillo en ambos bordes del humedal, estamos hablando de endurecer alrededor de 8 km del borde del humedal más grande de la ciudad (el borde sur ya había sido endurecido por Peñalosa con un parque lineal en el sector de El Cortijo y Ciudadela Colsubsidio en Engativá), y lo peor, construir un puente sobre el humedal con la intención de conectar El Cortijo (Engativá) con Lisboa (Suba). ¿A quién se le ocurre que construirle un puente por encima a un humedal no lo fragmenta?
Esa era la razón para que un grupo de habitantes de Suba y Engativá, indignados con la descarada mentira de Claudia López, se tomaran el borde del humedal a la altura del barrio el Rincón, en Suba, en el año 2021, a lo cual Claudia respondió mandándoles al ESMAD y anunciando en redes que, “muy a su pesar, la obra tenía que terminarse”.
Pues bien, lo que nos responde hoy, en resumidas cuentas, la EAAB para un debate de control político que desarrollamos en días pasados, es que no solo no han hecho nada por detener la obra (ya lo habíamos visto con la actitud de la administración desde su primer año de gobierno) sino que como el Consorcio Juan Amarillo les había incumplido lo estaban demandando ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Más aún, que no se preocuparan, que, en todo caso, ya se había firmado un nuevo contrato, el ICSM-1101-2022, en el que un nuevo contratista, el consorcio Restauración Juan Amarillo, iba a terminar la obra, haciendo lo posible por restaurar la afectación al ecosistema.
¿Se puede ser más descarado a la hora de decir de frente como administración que están haciendo lo opuesto a lo que dijeron que iban a hacer? No es posible terminar la obra y a la vez restaurar el impacto ambiental porque la obra misma es el impacto ambiental. La única posibilidad de restauración es detener la obra y sacar cada gramo de cemento del humedal, procurando su renaturalización.
Habrá quienes digan que eso es un detrimento patrimonial porque ya habían contratos firmados, pero es aquí donde esa consigna de “construir sobre lo construido” muestra su vacuidad, su ausencia de contenido: el detrimento no lo causa quien detiene y revierte una obra mal hecha y que va a generar más perjuicios que beneficios -como en el caso del metro-, el detrimento lo causa quien contrata esa obra, en este caso, el gobierno de Enrique Peñalosa, con su política de endurecer humedales con tal de hacerlos activos inmobiliarios, y la inacción de Claudia López que lo deja todo igual.
Pero, en gracia de discusión, se podría entender que el Acueducto no haga nada para detener el contrato, que, porque ya hay objeto contractual, en todo caso, es un argumento insostenible porque firmaron otro contrato el año pasado y sí se puede cuando se advierten violaciones a la ley y perjuicios irremediables.
Sin embargo, la pregunta es ¿Y la Secretaría de Ambiente? Porque si de lo que se trata es de honrar el compromiso de campaña de proteger los humedales, parar su endurecimiento y restaurar las afectaciones generadas, todo eso se puede hacer en ejercicio de las facultades que esta Secretaría tiene, en tanto autoridad sancionatoria ambiental, por ministerio de la Ley 1333 de 2009. Es decir, tanto como medida preventiva como sanción final, esta Secretaría tiene la posibilidad de ordenar la suspensión de la obra, la restauración ecosistémica e incluso la demolición de la obra.
Pero si en serio se quisiera honrar el compromiso hecho, lo que debería hacer la Secretaría de Ambiente es revocar los Permisos de Ocupación del Cauce (POC), actos administrativos sin los cuales no podría realizarse la obra. Lo que hizo la Secretaría de Ambiente en la administración Peñalosa fue otorgar (contra toda la normatividad vigente) estos permisos para que la EAAB pudiera abrir la licitación de la obra. Dio permiso para que se ocupe el cauce de estos cuerpos hídricos, es decir, permitió su fragmentación.
En vez de corregir este garrafal error (seguramente con una asesoría jurídica a la que le importa más el lucro de los contratistas que la protección de la Estructura Ecológica Principal) prefirieron prorrogar estos permisos. Por ejemplo, la Resolución 2767 de 2017, el POC que autoriza la construcción del infame puente sobre el humedal Juan Amarillo, fue prorrogado ya en tres ocasiones, la última de ellas el año pasado, ¿dónde está entonces el compromiso para detener el endurecimiento de los humedales?
Esto es precisamente lo que proponemos para un gobierno verdaderamente alternativo de Bogotá: cesar TODA obra de endurecimiento de los humedales y echar para atrás aquellas que ya se han desarrollado, de manera que los humedales sean, verdaderamente, objeto de conservación y de restauración por parte de la ciudad, solo así se pueden desarrollar procesos de investigación para que la ciudadanía construya identidad sobre estos ecosistemas estratégicos de la ciudad.