En las últimas horas el Ejército Nacional ha anunciado la retirada de 18 de sus efectivos que participaron de los acontecimientos ocurridos en la vereda Bocas del Manso, municipio de Tierralta, Córdoba.
Según el Ejército Nacional, la retirada de estos militares se basa en una minuciosa investigación y una inspección que ha arrojado resultados contundentes sobre la conducta de los militares implicados en la operación, la cual fue calificada por la institución como “totalmente contraria al actuar institucional”, según un comunicado oficial emitido por el Ejército.
En dicha misiva la institución explicó que el Batallón de Infantería N.° 33 Junín, adscrito a la Décima Primera Brigada, estaba llevando a cabo operaciones destinadas a combatir estructuras del grupo armado organizado Clan del Golfo, con la intención de proteger a las comunidades locales de la región. Sin embargo, las operaciones realizadas en el terreno no cumplieron con las normas, leyes y la doctrina militar, como se reveló en los resultados de la inspección y en los videos que circularon posteriormente.
“Las acciones inapropiadas incluyeron el trato indebido a la población civil, el uso de prendas no autorizadas, el cubrimiento de rostros y el uso indebido de las armas de la República, entre otros aspectos tácticos militares”, reconoció el Ejército.
Entre tanto, según se detalla, la Fiscalía General de la Nación ha anunciado que llevará a cabo su investigación bajo tres líneas de trabajo: actos en contra de los Derechos Humanos, la línea fucsia y la investigación del ataque al helicóptero que transportaba a las comisiones. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación asume la investigación disciplinaria por poder preferente.
Además de las acciones judiciales, el Ejército anunció que ha tomado medidas administrativas, retirando a 6 oficiales y 4 suboficiales, así como a 8 soldados profesionales involucrados en los incidentes, cuyo comportamiento se consideró contrario a los principios y valores de la institución. Otros 13 soldados profesionales que no participaron directamente en los hechos serán trasladados a unidades donde no realizarán actividades operacionales ni de inteligencia mientras se desarrollan los procesos de investigación en curso.