De acuerdo con la OMS cerca de 3.000 personas se suicidan cada día en el mundo, lo que equivale a una cada 30 segundos, y otras 60.000 intentan hacerlo, pero no lo consiguen.
En Colombia, de acuerdo con datos aportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se han quitado la vida 30.233 personas desde el 2004 hasta abril de 2019. De ellas, el 80% son hombres y la mayor incidencia está en el rango de edades comprendido entre 20 a 24 años, aunque sorprendentemente también aparecen 39 menores entre cinco y nueve años.
Por esta razón y, ante los más recientes casos de suicidio difundidos a través de medios de comunicación y redes sociales, se realizó en las instalaciones del Congreso de la República el Conversatorio Salud Mental y Suicidio, evento coordinado por iniciativa del Senador Gustavo Bolívar, quien ya se había acercado al tema desde el punto de vista literario con su novela “El Suicidiario del Monte Venir”, publicada en 2006.
El Conversatorio giró en torno a dos preguntas orientadoras cuyas respuestas permitieran entender cómo se puede prevenir e intervenir el problema del suicidio. ¿Debe crearse una Ley específica que fortalezca herramientas para la prevención del Suicidio o debe exigirse el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las Leyes 1556/2012 sobre sustancias psicoactivas (SPA) y 1616/2013 (Ley de Salud Mental)?
Las principales intervenciones para dar respuesta a estos interrogantes giraron sobre la debilidad institucional del estado para atender de forma oportuna, eficiente y eficaz los problemas de salud mental. Desde la calidad de la formación del talento humano en salud, pasando por no contar con el personal suficiente para la atención, hasta la carencia de infraestructura adecuada, sobre todo en territorios apartados.
La Doctora Nubia Bautista, Coordinadora del Grupo de Salud Mental del Ministerio de Salud señaló la importancia de la nueva Política Pública en Salud Mental, adoptada según Resolución 4886 de noviembre de 2018, que cuenta con cinco Ejes de los cuales el segundo, denominado “Prevención de los problemas de salud mental individuales y colectivos, así como los trastornos mentales y de epilepsia”, cuenta con cuatro estrategias: Detención temprana de los riesgos de violencia, problemas y trastornos mentales, conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas y epilepsia; primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis; educación en salud mental y remisión oportuna a los servicios sanitarios y sociales.
En relación con esas estrategias, la prevención de la conducta suicida busca restringir el acceso a medios letales, tales como sustancias toxicas, armas de fuego y disponer barreras mecánicas para evitar caídas desde altura, ampliar la cobertura territorial de las líneas telefónicas de ayuda, cualificar las existentes y capacitar a los actores de los medios de comunicación acerca de cómo informar sobre el suicidio.
Precisamente sobre los medios de comunicación varios participantes recalcaron la necesidad que existe de hacer una labor informativa “sin daño”, evitando la réplica en otras personas y la afectación de quienes conforman el entorno de la víctima.
Dentro de las principales conclusiones del evento se destaca que no es necesario crear una ley específica para prevenir el suicidio y, sería mucho más efectivo e incluyente, desarrollar dentro del marco de la Ley Estatutaria de Salud el contenido de las leyes 1556 y 1616 desglosadas en la política pública, ya que dicha política tendrá más posibilidades de volverse realidad con el documento Conpes en Salud Mental, que deberá expedirse a principios de semestre entrante.
Además de lo anterior, se habló sobre la importancia de entender cómo está afectando el suicidio a grupos étnicos, ya que se sabe de algunos casos en población indígena, así como a servidores públicos con manejo de armamento para focalizar acciones de prevención.
El evento finalizó con el compromiso de los asistentes para continuar el dialogo dentro de una metodología de nodos agrupando intereses comunes: academia, gremios, estado, organizaciones sociales y otros más puntuales.
Asistieron 48 representantes de diferentes organizaciones, entre las cuales se encontraban el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Secretaría Distrital de Salud, el Colegio Oficial de Psicólogos, la Universidad de San Buenaventura (Bogotá y Medellín), el Ministerio de Salud, la Universidad del Norte, la Unidad de Atención para las Víctimas, el INCI, la Universidad EAFIT, la Universidad Konrad Lorenz, Salud al Derecho, LifeSense IPS, la Universidad de Ibagué, SaludArte, el ICBF, la Universidad del Rosario, la Universidad Santo Tomás, el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, la Universidad Nacional, la Fundación Sergio Urrego, el INSOR, la Universidad Antonio Nariño, la Asociación Colombiana de Salud Pública, la Clínica Nuestra Señora de la Paz, ACOTAPH, el Instituto Nacional de Salud, ACEMI, la Fundación Shalom, el Consejo Nacional de Trabajo Social, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, CONACED Nacional, la Organización Colegial de Enfermería y ASCOFAPSI.