El pasado viernes 10 de febrero se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y suspendió por tres meses al director de la Sociedad Especial de Activos (SAE), José Daniel Rojas, ante la existencia de posibles faltas disciplinarias.
A propósito de su suspensión, Daniel Rojas se refirió al hecho y precisó que desde la entidad han estado actuando de manera preventiva, ya que según asegura “no creo que hayamos incumplido el contrato. De hecho, lo que estamos haciendo es rotundamente actuar de forma preventiva”.
En esa misma corriente Rojas enfatizó que “al haberse realizado el negocio por cerca de $580.000 millones, el Estado podría estar perdiendo aproximadamente $1,3 billones”, también dice estar seguro en que la Sociedad no ha cometido ninguna irregularidad.
El funcionario aseguró que en su opinión “esa celeridad es bastante sospechosa por decir lo menos, además bajo el argumento de detrimento patrimonial o de posible detrimento patrimonial, cuando es la Contraloría la encargada de verificar si fue o no detrimento patrimonial y no la procuraduría”.
Por último se refirió al apoyo que ha recibido desde distintos sectores de la opinión pública, organismos sociales, entre otros por la suspensión, frente a ello puntualizó “yo estoy a la espera y confío que las instituciones del país y la democracia salgan avante en esto que no es otra cosa que servirle al país honestamente , yo no tengo otro interés distinto a que se haga lo correcto y espero de la Procuraduría y de otros entes de control la debida colaboración”.
Por su parte el viceprocurador general, Silvano Gómez, detalló que contrario a lo que se dice de una celeridad en el proceso, indicó que la ley asì lo ha autorizado, asimismo determinó que la decisión de la suspensión de Rojas no fue tomada por ningún capricho ni por decisiones unilaterales ni arbitrarias.
“No hay ninguna celeridad, partamos del hecho que la ley así lo autoriza. Esto no es por capricho ni por decisiones unilaterales o arbitrales; es frente a la existencia de circunstancias con relación al ordenamiento jurídico dándole garantías a los sujetos procesales sin ningún interés distinto a aquel que nos ordena la ley. No hay ningún interés distinto al que nos impone la ley y nos obliga cumplir las reglas morales, no hay ninguna persecución que parta de un hecho infundado” detalló el viceprocurador.
De hecho explicó que si llega a aparecer una razón que diga que el ministerio público se equivocó con la decisión de suspensión, ellos mismos se encargaron de hacerla cumplir con el fin de que sea lo más justo y en cumplimiento con el ordenamiento social y jurídico de la sociedad.
Recordemos que el caso de la empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A ha manejado el acueducto, alcantarillado y aseo de esta ciudad, económicamente es muy activa, tanto así que han llegado a producir 95.000 millones de pesos en utilidades al año y mayor parte de sus acciones.
Así las cosas, el 82% de las acciones de esta empresa se encuentran bajo la administración de la SAE, entidad que maneja bienes incautados. Las acciones fueron embargadas por la Sociedad ya que en el 2018 la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio, ya que se encontraron indicios de corrupción en el manejo de triple A.
En director de la administración de Iván Duque, Andrés Ávila, decidió en el 2021 que las acciones iban a ser vendidas a Barranquilla, las cuales estaban estimadas en un costo de $565.000 millones, estas iban a ser negociadas con la sociedad que maneja el alumbrado público de la capital del Atlántico.
Al llegar el gobierno de Gustavo Petro, se empezó a revisar el multimillonario negocio, cabe mencionar que a pocos días de entregar el cargo el director de la SAE, Andrés Ávila, conformó una junta directiva para dejársela al nuevo gobierno, con integrantes de confianza del gobierno pasado donde también estaría el saliente director.
En ese sentido, para la Superintendencia de Servicios Públicos este negocio que estaba estimado en $565.000 millones realmente debía valer más de tres veces esta cifra es decir cerca de 1.9 billones de pesos, lo que generaría un posible detrimento patrimonial de más de 1 billón 300.000.
Por lo anterior, la SAE hizo la respectiva denuncia ante la Fiscalía y la Contraloría, también citó a una asamblea extraordinaria de la Triple A a inicios de la semana pasada, para que se eligiera a una nueva junta directiva que sacara a los funcionarios de confianza de Duque, en especial al exdirector de la entidad, el viernes se conoció la decisión de la Procuraduría.
Entrevista: Reporte Coronell