Por Alejandra Peña
El Gobierno afirma que estas personas buscaban apropiarse del dinero de las indemnizaciones y se hacían pasar por víctimas.
La Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas anunció este miércoles que denunciará penalmente a 34.641 ciudadanos ante la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude procesal o falsedad en su declaración ante el Registro Único de Víctimas.
El Director de la Unidad, Ramón Rodríguez, afirmó que las falsas declaraciones de personas que dicen ser víctimas del conflicto armado y en realidad no lo son y además de estafas masivas de otras personas contra ese colectivo es una conducta catalogada “para la legislación colombiana, por el Código Penal, como fraude procesal y fraude del Registro Único de Víctimas”.
Asimismo, aseveró a los estafadores “que no le echen cuentos” a la gente, todo esto tras identificar que ‘organizaciones fachada’ contactaban a las víctimas para prometes subsidios, indemnizaciones y hasta viviendas gratis, lo que además constituye para estos terceros incurrir en el delito de estafa.
Rodríguez precisó que tras revisar 15.000 registros, se excluyeron 6.177 casos que corresponderían a 34.641 ciudadanos por inconsistencias detectadas.
De la misma manera, indicó que los municipios donde ya hay quejas por posible fraude electoral con las víctimas son Nechí, Apartadó en Antioquia, Medina – Cundinamarca, Tumaco – Nariño y El Molino en La Guajira.
“Hemos tenido denuncias en cinco municipios, donde aprovechan el momento coyuntural de elecciones, captan a las víctimas y les dicen, con mentiras, que van a facilitar el pago de las indemnizaciones, el pago de la ayuda humanitaria y bajo esa circunstancia buscan conseguir votos para sus campañas regionales”, aseguró Rodríguez.
La Unidad Nacional para las Víctimas hasta ahora ha registrado un total de 6.796 quejas por irregularidades, falso testimonio y fraude en el Registro de Víctimas.
La Fiscalía y el CTI ha efectuado la captura a 56 personas relacionadas con estos hechos y 16 ya han sido condenadas por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, violación deditos personales agravados y fraude procesal.