En vídeo exclusivo para Cuarto de Hora el funcionario de la Superintendencia Financiera de Colombia, Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra, denuncia que está recibiendo graves amenazas contra su vida y la de su familia, y que ha sido suspendido de su cargo luego de revelar el mecanismo de corrupción diseñado entre políticos colombianos, el Grupo Aval y Odebrecht para ganar las licitaciones de obras de infraestructura y desfalcar al Estado colombiano, salpicando a altos funcionarios del Gobierno Duque.
“Me han hecho algunas llamadas en relación con eso… que me van a picar, y van a picar a mis hijas (sic.)”, revela el hoy suspendido funcionario de la Superintendencia sobre las amenazas que ha recibido en razón de las investigaciones y denuncias realizadas en ejercicio de sus funciones.
En el vídeo, el abogado Roberto Rodríguez, indica que uno de las motivos de las amenazas y sanciones en su contra tienen que ver con que “hay cosas que yo validé de las denuncias de Jorge Pizano (sic.), hice unas investigaciones adicionales a eso, y las puse en conocimiento en su momento de Néstor Humberto Martínez y de la ex-Fiscal”. Además, Rodríguez señala que recusó a estos funcionarios argumentando que es de público conocimiento que “Néstor Humberto Martínez siempre ha sido uno de los grandes lobbistas de Luis Carlos Sarmiento Angulo”.
Las denuncias presentadas por el abogado Roberto Rodríguez, describen hechos de corrupción que vinculan a las empresas del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y la multinacional brasilera Odebrecht con el consorcio Ruta del Sol II. Estas denuncias, además de robustecer las ya realizadas por el fallecido Jorge Pizano sobre sobornos de la multinacional para ganar licitaciones públicas, revelan que el emporio empresarial del banquero colombiano incurrió en prácticas delictivas al generar autopréstamos entre entidades del mismo Grupo Aval, y otras maniobras que han sido ampliamente expuestas por los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez en los últimos días.
Estos hechos podrían decantar en el pago de 1.4 billones de pesos con recursos públicos a los bancos del Grupo Aval por cuenta de la decisión que un juez de arbitramento deberá dictaminar el próximo 6 de Agosto, en caso de que el acuerdo que habrían negociado altos funcionarios del Gobierno Duque y asesores de empresas del Grupo Aval se ratifique y tenga éxito.
Todas las irregularidades evidenciadas por Rodríguez fueron presentadas desde el 2017 ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, el Superintendente Financiero, la Procuraduría General de la Nación, y recientemente ante la Contraloría. “En todas estas entidades no se ha hecho absolutamente nada (sic.)”, señaló Rodríguez.