En el más reciente informe revelado por la Defensoría del Pueblo, se advierte sobre un aumento del riesgo por lo menos 290 municipios del país, principalmente por las acciones de grupos armados como el Eln y el Clan del Golfo que han tenido un incremento importante en las últimas semanas en el marco del proceso electoral
De acuerdo con el informe, de los 521 municipios a los que este informe les hace monitoreo permanente, 290 presentan riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos humanos de sus pobladores , lo que equivale a un incremento desde el mes de febrero cuando eran 274 municipios en riesgo alto y extremo.
“Debo señalar con preocupación que, a pesar de los esfuerzos por parte de la institucionalidad del Estado para atender las recomendaciones hechas en febrero y su articulación en el marco de la CIPRAT, las acciones violentas del Eln y el Clan del Golfo, particularmente en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Antioquia, ocasionaron que desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas se aumentara el número de municipios con riesgo extremo y alto”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El informe resalta que la influencia en los territorios de varios grupos armados ilegales y sus disputas de da principalmente por actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal, microtráfico, gota a gota y extorsiones.
Los municipios que hasta hoy presentan un riesgo extremo se encuentran en los departamentos de Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8) y Antioquia (7). Les siguen Bolívar (6), Caquetá (6), Arauca (4), Tolima (4), Putumayo (3), Valle del Cauca (3), Huila (2), Meta (1) y Magdalena (1).
En riesgo alto están: Antioquia con 30 municipios, Sucre (16), Valle del Cauca (12), Magdalena (12), Bolívar, Boyacá, Nariño y Meta (11 cada uno), Chocó (10), Norte de Santander (10), Atlántico (9), Córdoba (7) Cesar (7), Huila (6), Cundinamarca (6), Cauca (5), Caldas (5), Risaralda (5), Putumayo (4), Guaviare (4), Casanare (4), Vaupés (3), Vichada (2), Arauca (2) y Caquetá, Tolima, Amazonas y Bogotá, con un municipio cada uno.
En ese sentido, ante el incremento del riesgo, el defensor del pueblo instó al Gobierno Nacional a implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos o sus campañas. “También debe brindar la protección para que las personas puedan votar en zonas rurales y sobre todo garantizar la libre participación”, puntualizó Camargo.