Esta último escenario de protesta social ha sido histórico, generando infinitas consignas unas más creativas que otras. Resaltaré esta que encontré en redes sociales: La reforma es el árbol y el bosque es enorme.
La historia de nuestro país tiene un pasado cimentado en violencia y despojo de derechos, en el año 2012 celebrábamos el inicio de un complejo proceso de paz, el cual culminó con la firma de los acuerdos en el 2016, que pretendían zanjar las diferencias políticas entre los sectores que se representaban en la mesa de negociación. Resultado de ello, la tarea fundamental del movimiento social sería la de vigilar que lo firmado se cumpliera o implementara y, por supuesto, rodear el acuerdo de paz. Situación que ocasionó que las últimas elecciones presidenciales fueran altamente efusivas y forjó el espíritu político de muchos que siempre habían sido apáticos.
La derecha por su parte, que se niega claramente a ceder su poder, en su deber de conservación, inició una campaña infundiendo miedos y engañando a la población al punto de empañar la última jornada electoral con graves denuncias de irregularidades en el desespero de saber y sentir que casi pierden su hegemonía (desde tarjetones en fotocopias hasta el irregular conteo de votos, con tarjetones visiblemente modificados). Muy cerca estuvimos los movimientos sociales de tocar la victoria con un gobierno alternativo lleno de propuestas encaminadas a mejorar nuestras condiciones de vida y avanzar como sociedad.
Por ello, no podemos dejar el impulso ganado ante este gobierno que muchos sentimos ilegitimo; el gobierno de “el que dijo Uribe”. Su mandato ha estado marcado desde el inicio por importantes estallidos sociales; solo por citar algunos, conviene recordar que aun cuando no llevaba más de 6 meses en el poder, recibió su primer gran paro, el estudiantil que duró un poco más de dos meses y que lo forzó a sentarse a negociar con los líderes de este para llegar a un acuerdo que pretendía aumentar la base presupuestal de las universidades públicas, entre otros.
Dado el incumplimiento de lo pactado y los eventos graves de corrupción, que incluso llevaron a las renuncias de rectores en diferentes Instituciones de Educación Superior, el movimiento estudiantil se ha llenado de constancia y vigencia. Sin embargo, este primer escenario de movilización masiva dejó a muchos estudiantes seriamente lesionados y, en general, graves denuncias de violación de DDHH.
Más adelante, el 21 de noviembre del 2019 se convocó un paro nacional que invlucró a todos los sectores sociales del país, con el ánimo de exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz, rechazar las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno, así como el rechazo al asesinato de líderes sociales y el bombardeo de niños reclutados para la guerra. Este paró dejó un saldo de 3 personas muertas a manos de agentes de la Policía y cientos de heridos. Entre las víctimas, se encuentra el emblemático caso de Dilan Cruz y el suicidio del soldado Brandon Cely, luego de mostrar su apoyo al paro nacional en redes sociales. Dos jóvenes soñadores que perdieron sus vidas por pensar diferente.
De toda esta lucha se logró crecer en número de personas acompañando las jornadas, incorporar a ciudadanías históricamente uribistas o apolíticas y la renuncia del entonces Ministro de Defensa. Asimismo, se dio el fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia en relación con estas protestas, que prohibió el uso de la escopeta calibre 12 por el ESMAD, y obligó al Ministerio de Defensa a pedir disculpas por los abusos de la Fuerza pública en las manifestaciones, además de garantías para la protesta social en el país. Es decir, se avanzó en notorias victorias políticas e incluso jurídicas.
Un último gran estallido, previo al que vivimos actualmente, se suscitó con la tortuosa muerte de Javier Ordoñez que generó un descontento y rechazo generalizado contra la fuerza de policía y el ESMAD, el saldo: 48 CAIS destruidos y 8 vidas silenciadas, ocasionando un impacto en la opinión pública en contra de la brutalidad policial. Parece que mientras más se recrudece la represión, más fuerza toma la agitación social a diferencia de otros momentos, a pesar de encontrarnos en la pandemia ocasionada del COVID-19.
Hoy nos encontramos de nuevo en un paro nacional, el cual fue suscitado por la propuesta de reforma tributaria del Ministerio de Hacienda, la cual buscaba entre otras, gravar la canasta familiar en un país donde la gente duerme con hambre. Esta, además resultaba totalmente inoportuna por la crisis que vive el país a causa de la pandemia y el mal manejo que se le ha dado desde el gobierno; dentro de lo que se destaca la ineficiencia en cuanto a la aplicación de las vacunas en comparación con otros países de la región.
Han sido muchas y diversas las opiniones y expectativas pues la jornada, además de venir amenazada por la pandemia, existía una fuerte campaña mediática en contra, incluida una decisión judicial que pretendía prohibir el derecho a la protesta. Sin embargo, la movilización fue indetenible, lo cual se logró con un gran trabajo educativo, con un importante papel de las redes sociales y el buen ejercicio que se le vienen dando a estas por parte de los sectores alternativos. Las personas han interiorizado el discurso y las razones por las cuales la gente sale a marchar, y tanta ha sido la indignación que desbordó el movimiento social y sindical, al igual que a la dirigencia de izquierda. Han sido los jóvenes precarizados en los barrios quienes direccionan y resisten en las calles.
Lamentablemente, estas jornadas que iniciaron el 28 de abril han dejado un doloroso saldo de 37 personas asesinadas, 234 personas heridas, 11 mujeres víctimas de violencia sexual y 934 detenciones arbitrarias según Temblores ONG con corte al 6 de mayo. Esto deja en evidencia el tratamiento sistemático de guerra que se le está dando a la protesta social, en donde el objetivo es atentar contra la vida y la integridad física de los manifestantes.
La tarea entonces está en seguir trabajando en incentivar la conciencia de clase, la unidad, la organización barrial y, por supuesto, la movilización. Hay que focalizar y materializar la rabia, la indignación y unificar consignas, teniendo claro que los cambios estructurales se darán cambiándole la cara y el contenido al poder, acercándonos a procesos políticos serios que nos encaminen a un mejor país, trabajando para que el movimiento sindical y social clásico se adecue y sepa recoger todas estas importantes experiencias.
Del mismo modo, queda una ganancia, el retiro de la reforma y la renuncia del ministro y viceministro de Hacienda. Lo anterior, sumado a que para abril del 2021 la cifra de desaprobación del actual gobierno se encontraba en un 63,2%, directamente ligada a la cifra de pobreza del país que se encuentra en un 42.5% según el DANE.
Este recuento para resaltar cómo en todas las movilizaciones el gobierno nacional ha tenido que ceder, en todas hemos avanzado en aceptación y fortaleciendo el movimiento social y popular, el cual cada vez tiene mayor apropiación de sus luchas. Estas líneas no pretenden repetir más de lo ya dicho, es una voz de aliento y esperanza de reconocernos como una sociedad que se recoge en las consignas de clase, que ha apropiado un discurso político y que identifica quiénes están detrás de las políticas regresivas.
Hoy el pueblo nuevamente está en las calles luchando con conocimiento de causa, lo cual se debe materializar en generar un cambio real en las urnas. Es por ello por lo que se proyecta la creación de una propuesta política que recoge los ideales de las mayorías, y en esa medida la necesidad de trabajar y aportar al Pacto Histórico como propuesta alternativa de gobierno. Como lo indicó el senador Gustavo Petro “No estamos hablando de pactos politiqueros, coyunturales, centrados en la repartija del poder y hechos por debajo de la mesa. Estamos hablando de cambiar la historia de Colombia hacia el sendero de la Democracia, la Paz y la Justicia social”.
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