En las últimas horas se ha desatado una fuerte disputa entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, luego de que el primer mandatario de la nación se negara a implementar la suspensión del alcalde de Riohacha (La Guajira), José Ramiro Bermúdez Cotes, a quien no es políticamente cercano.
La decisión de la Procuraduría se basa en presuntas irregularidades en la contratación de la red de alcantarillado y acueducto de Riohacha, incluyendo falta de información actualizada sobre los bienes implicados, omisión de un estudio sobre la provisión de servicios públicos en áreas rurales y la exclusión de condiciones para garantizar el acceso al agua para la comunidad Wayuu.
No obstante, el presidente Petro se niega a implementar la suspensión y argumenta que, además de ser responsabilidad del Gobierno nacional nombrar un reemplazo provisional para el alcalde, también es su deber “garantizar el cumplimiento del artículo 23 de la Convención ADH y ratificar los estándares convencionales de los fallos de la Corte IDH”. Según él, cumplir con el pedido de la Procuraduría pondría al país en riesgo de ser demandado por un “presunto acto ilícito internacional”.
El debate jurídico se ha intensificado con la Corte Constitucional tomando una posición intermedia en el pasado febrero en la que estableció que la Procuraduría no puede suspender o destituir a funcionarios elegidos por voto popular, pero sí puede investigar y determinar sanciones, que serán efectivas si cuentan con el aval del Consejo de Estado.
Entre tanto, el presidente Petro considera que la Corte Constitucional no ha sido lo suficientemente contundente al limitar el poder de la Procuraduría y ha anunciado que presentará un proyecto para legislar al respecto. Durante su campaña presidencial, también propuso eliminar el Ministerio Público como autoridad administrativa y transferir sus funciones a la Fiscalía General de la Nación.
Detrás de las interpretaciones jurídicas, la disputa entre Petro y Cabello tiene un fuerte componente político. La procuradora, exministra de Justicia del Gobierno anterior, es considerada una de las principales rivales del mandatario y de su movimiento político. En mayo, la bancada del Pacto Histórico en el Legislativo denunció un “claro hostigamiento” del Ministerio Público hacia seis congresistas afines al presidente, lo que ha llevado a acusaciones de politización por parte de los opositores.