Por: Nancy Apraez Toro / Estefanía Montoya Domínguez
El Representante a la Cámara David Racero, desde mediados de 2019, ha venido denunciando irregularidades en la asignación de esquemas de seguridad para los concejales de Bogotá. En marzo de 2020 llamó la atención por la suscripción de millonario contrato entre la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Hacienda de Bogotá para la asignación de vehículos blindados a los concejales del Distrito. Esto no solo resultó antiético e inoportuno porque en la emergencia económica y social derivada de la pandemia del COVID – 19 los recursos del erario no deben invertirse en estos asuntos, sino porque aquí también existen irregularidades, las cuales serán expuestas en el siguiente documento.
Para empezar, es necesario hacer algo de historia y retornar a situaciones ocurridas en el año 2012 cuando la Unidad Nacional de Protección determinó que únicamente 3 de los 45 cabildantes tenían riesgos extraordinarios de seguridad y que los mismos requerían de esquema de protección. En esa fecha, la prensa registraba que esta entidad consideraba que “desde el punto de vista de la protección no se justifica darles un vehículo a los concejales de Bogotá con riesgo ordinario, es decir, el que tiene cualquier ciudadano”. Asimismo, en el 2013 la Unidad Nacional de Protección otorgó medidas únicamente a 3 concejales.
No obstante, esta situación cambió radicalmente en 2014, pues de 3 personas con vehículos blindados se pasó a 45; es decir, la necesidad de protección de los cabildantes se incrementó en 1.500%. ¿Cómo se explica esto? En el hecho de que en 2014 el Concejo de Bogotá suscribió un contrato con la Unidad Nacional de Protección y valoró con un riesgo extraordinario a 44 concejales y protegió a 45.
Ante ello caben, entre otras, cuatro preguntas fundamentales: ¿por qué la situación de seguridad había cambiado tanto para 41 personas?; ¿qué eventos significativos ocurrieron en Bogotá para generar amenazas a la vida de todos estos líderes políticos, sin distingo de su trabajo territorial y su filiación política?; ¿por qué se protegió a un concejal adicional si este no tenía riesgo extraordinario? ¿No sería más bien un buen negocio lo que motivaba la asignación de camionetas blindadas para este número de concejales?
Tomemos el caso de este concejal, que sin riesgo extraordinario de seguridad, recibió vehículo blindado. ¿No se incurrió quizás en una clara ilegalidad? Al respecto, conviene decir que el Decreto Único Reglamentario del Ministerio del Interior No. 1066 de 2015, estipuló que el ejercicio de los siguientes cargos públicos implica un riesgo extraordinario para la vida y la integridad de las siguientes personas:
| Presidente y Vicepresidente de la República y sus núcleos familiares. |
| Ministros |
| Fiscal General, Procurador General, Contralor General y Defensor del Pueblo. |
| Senadores de la República y Representantes a la Cámara. |
| Alcaldes y Gobernadores de Departamento. |
| Magistrados de la Corte Constitucional; Corte Suprema de Justicia; Consejo de Estado; Consejo Superior de la Judicatura; Magistrados del Tribunal para la Paz; las Comisionadas y los Comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; el Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP; y el/la Director/a de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. |
Nótese que el cargo de concejal no se registra en la lista.
Aún con lo anterior, la Secretaría de Hacienda de Bogotá siguió pagándole a la Unidad Nacional de Protección por vehículos blindados para concejales sin riesgo extraordinario. Esto ocurrió en el año 2016 en el que, con una cifra equívoca de 59 concejales, se decide proteger a 43:
*Datos obtenidos de respuesta a Derecho de Petición enviado a la Unidad Nacional de Protección.
En el 2017, en el que se protegen 43 concejales y solo 31 tienen riesgo extraordinario:
En el 2018, de 29 concejales con riesgo extraordinario, se protegieron 43:
En 2019, de 11 concejales con riesgo extraordinario, se protegieron 44:
El 29 de enero de 2020, el presidente del Concejo de Bogotá, el Señor Carlos Fernando Galán, contraviniendo el Decreto 1066 de 2015, solicitó la realización de estudios de riesgo para todos los cabildantes del Distrito:
En este mismo año se firmó un contrato por un valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($2.661.445.368) M/CTE, para proteger del riesgo extraordinario a los concejales que así lo certificaran. Sin embargo, 39 de ellos, los cuales solicitaron el estudio de evaluación del riesgo, probablemente recibirán los esquemas de protección.
El 19 de mayo del año en curso el Representante a la Cámara David Racero citó a un Debate de Control Político a la Unidad Nacional de Protección para que rindiera cuenta de estas y otras irregularidades. En este espacio el Director Encargado señaló que, hasta esa fecha, 19 concejales habían sido calificados con riesgo extraordinario. Y en esta misma ocasión se contradijo y afirmó que solo eran 18.
Si se tiene en cuenta la respuesta al cuestionario que remitió la UNP a la oficina del Represente Racero, fechada el 15 de mayo, allí se señala que todas las evaluaciones del riesgo de los concejales de Bogotá, se encontraban en trámite. Ante esto conviene preguntar: ¿por qué estos concejales recibirán un vehículo blindado, como medida de protección, si la UNP deja en claro que los estudios de riesgo todavía se encuentran en trámite?
Por otra parte, esta entidad ha manifestado que para la evaluación del riesgo de los Concejales de Bogotá es necesario tener en cuenta las advertencias realizadas por diferentes entidades encargadas de la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos. Esto es, las denuncias interpuestas ante la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, o los estudios sobre población en riesgo en Bogotá que estas entidades adelanten por su cuenta, permiten suministrar información concreta y actualizada sobre la situación de riesgo de los cabildantes e incidir, a la vez, en las calificaciones que la UNP otorgue a quien solicite protección.
Las tres primeras entidades han allegado al despacho del Representante Racero respuestas a Derechos de Petición que remitió y en las mismas se le indica no tener en sus bases de datos registros acerca de vulneraciones a la seguridad e integridad física de los concejales. En lo que se refiere a la Fiscalía General de la Nación, este investigador ha informado que hay doce denuncias formuladas por diez concejales y tres de ellas corresponden a un solo concejal. El período de estas noticias criminales es el comprendido entre 2006 y el 2020 y solamente o tres de ellas corresponden al actual período de los concejales.
Toda vez que los estudios de riesgo se realizan anualmente, es válido preguntar ahora: ¿las denuncias con anterioridad al periodo actual de los concejales (2020 – 2023) sí justifican medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección? De manera adicional, debe recordarse que esta misma entidad pública ha sostenido que las denuncias elevadas ante la Fiscalía General de la Nación o demás organismos de control no constituyen un medio probatorio idóneo que de certeza de la presencia de amenazas en su contra.
En conclusión, todo lo expuesto deja en evidencia cómo la Unidad Nacional de Protección entrega camionetas blindadas a concejales que no tienen riesgo extraordinario asociado a las labores que desarrollan. Y esto obviamente le genera un gasto innecesario a los bogotanos, rubro que podría, en este momento de la crisis que nos asiste, brindar 30.000 mercados (cada uno con un valor de $ 90.000), aproximadamente, a familias que lo necesitan.
¡Camionetas para quien verdaderamente las necesite!